La anulación de una elección es una cosa muy seria. Significa que todos los esfuerzos de organización de un proceso electoral, la movilización de millones de ciudadanos que concurren a su realización, los millones de votos que fueron emitidos no cuentan para nada, todo, absolutamente todo se tira a la basura y tiene que repetirse desde el principio.
Es cierto que hay causas, extraordinarias y gravísimas, que, en determinadas circunstancias implican que ese escenario extremo resulte necesario para salvaguardar la autenticidad de la voluntad ciudadana que debe haberse expresado libremente en las urnas, pero por sus implicaciones y consecuencias es algo a lo que debe recurrirse en última instancia, cuando ya no hay otra solución.
Hay circunstancias, en efecto, que pueden implicar una alteración grave de esa voluntad ciudadana, como el que la libertad del voto se vea afectada porque grupos criminales o, en su caso, las fuerzas del orden coaccionen a los votantes para votar por un determinado candidato o partido de manera generalizada, o que en gran parte del país no se hayan instalado las casillas. En esos casos la nulidad se convierte en una salvaguardia extrema, en la última válvula de seguridad para garantizar la supervivencia de la democracia. Pero, en todo caso, además de ser un recurso radical (la última medida a la que debe recurrirse), su aplicación sólo debe ocurrir cuando no hay medidas alternativas para corregir el problema.
Así, si hay un fraude masivo en el conteo de los votos, los recuentos son una solución, si existe violencia no generalizada, sino sólo en algunos centros de votación, se anulan sólo las casillas afectadas, no la totalidad.
De cualquier manera, las causas que llevan a la nulidad de una elección deben ser claras, ciertas, objetivas y demostrables. Si una elección se anula a partir de elementos subjetivos, como suposiciones, inferencias o meros juicios de valor, la nulidad deja de ser una protección democrática y se convierte en un peligro, en un riesgo para la democracia misma.
La nulidad, en suma, solo puede sustentarse si se funda en elementos objetivos y no en criterios subjetivos porque, de otro modo, una situación tan delicada acaba dependiendo de las apreciaciones y valoraciones de los encargados de calificar las elecciones.
Por eso la iniciativa que presentó Ricardo Monreal, y que la inconstitucional mayoría oficialista se apresta a aprobar, en la que se incorpora la injerencia de entes extranjeros como causal de nulidad, es sumamente peligrosa.
En dicha propuesta, la injerencia extranjera en las elecciones implica la “realización de actos de presión política, económica o mediática que tengan por objeto alterar la voluntad popular” y se basa en supuestos como el que exista “cualquier conducta que, conforme la valoración jurisdiccional… comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio”. Se trata de premisas absolutamente ambiguas, subjetivas e interpretables, de las que se quiere hacer pender la validez de una elección.
La cosa es aún más grave, porque el órgano encargado de interpretar esas ambiguas y poco claras causales, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, desde hace unos años, se ha convertido en un órgano totalmente parcializado y al servicio del gobierno y de su partido.
Con ello, la nueva causal de nulidad se presenta como un seguro para que cuando Morena no gane, se anulen las elecciones. Bastará una nota desfavorable en un medio de comunicación extranjero, alguna bravata como las que gobernantes como Trump nos tienen acostumbrados, alguna manifestación de simpatía o de repudio de alguna persona desde el exterior para alguna fuerza política o candidatura, para que un órgano servil y subordinado al poder como lo es el TEPJF, active la nueva causal ante las instrucciones de sus amos y tire a la basura la voluntad que los ciudadanos emitamos en las urnas. ¡Qué bonitos demócratas resultaron ser los morenistas!
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