Hace un año, el 13 de noviembre de 2022, ocurrió la primera de las masivas movilizaciones ciudadanas en defensa del INE, conocidas como la “marea rosa”, que impidieron el desmantelamiento de nuestro sistema electoral y permitieron la subsistencia de las condiciones institucionales y procedimentales de elecciones libres y auténticas.
Bajo la falsa premisa de que el sistema electoral debía ser renovado para evitar que continuara habiendo fraudes (cuando el único fraude en materia electoral en los últimos años es el fraude del discurso del fraude), el presidente López Obrador había presentado el 28 de abril de 2022 una iniciativa de reforma constitucional que buscaba refundarlo, trastocando sus ejes fundamentales.
Dicha reforma pretendía, entre otras cosas: a) desaparecer al INE y sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas cuyos consejeros fueran elegidos mediante voto popular y directo (tal como hoy se pretende hacer con la designación de los ministros de la Suprema Corte); b) quitarle a ese órgano electoral la responsabilidad de administrar el padrón electoral (lo que suponía cumplir el añejo deseo de que la Secretaría de Gobernación asumiera el control del mismo); c) eliminar a los órganos electorales locales (OPLE y tribunales electorales) federalizado así de manera total las elecciones en el país; d) reducir el número de diputados federales a 300 electos a través de listas votadas en cada una de las entidades federativas mediante un sistema enteramente proporcional, y e) eliminar las 32 senadurías de representación proporcional dejando únicamente a los tres escaños electos por mayoría y primera minoría en cada Estado.
Se trataba de una reforma que buscaba concretar el reiterado anhelo del actual gobierno de controlar políticamente al órgano electoral y garantizarle al partido oficial mayorías permanentes en el Congreso.
Los meses que siguieron produjeron una intensa discusión (incluido un ejercicio de parlamento abierto) en la que desde muchos frentes se advirtieron los riesgos que para la autonomía del INE y la calidad y transparencia de los procesos electorales tenía la iniciativa gubernamental. Se trató de un diálogo de sordos en los que las posturas oficialistas simplemente reiteraban la cataleta presidencial de un INE caro, sesgado políticamente y contrario a los intereses de la sedicente “cuarta transformación”.
A pesar del rechazo público que hicieron a la iniciativa, en el Congreso algunos grupos de oposición, que con sus votos habrían permitido alcanzar la mayoría calificada, habían iniciado conversaciones para negociar con el oficialismo algunos cambios —que no alteraban en lo sustantivo la iniciativa— para aprobar la propuesta, bajo la premisa de que una reforma era necesaria (el típico caso de ceguera política en el que, a cambio de ganancias menores, se provoca un daño mayor).
Sin embargo, una inesperada reacción ciudadana atendió la convocatoria de varias organizaciones e inundó las calles de más de medio centenar de las principales ciudadades del país. Centenares de miles de personas ataviadas de rosa abarrotaron el espacio público en defensa del INE (de su INE) y la democracia. Se trató de un movimiento inédito, porque, por primera vez, se ejerció el derecho a la manifestación no para protestar contra una política pública o una problemática social (como la inseguridad o la violencia contra las mujeres), sino de modo inusual para proteger a una institución frente al acoso gubernamental. Se trató de un hecho que asombró al mundo entero y que se ha convertido en un referente global de la defensa de la democracia.
Los efectos fueron inmediatos: los partidos de oposición —que si bien respaldaron y saludaron la movilización ciudadana, no fueron sus convocantes— se vieron obligados a “amarrarse al mástil” y comprometerse públicamente a votar en contra de la iniciativa presidencial que buscaba desmantelar al sistema electoral vigente. Así ocurrió, el 6 de diciembre de 2022 la inciativa presidencial fue desechada en la Cámara de Diputados por no alcanzar los votos necesarios.
Se trató de un emblemático caso de cómo esa construcción colectiva que es nuestra democracia se defiende desde abajo y de cómo las instituciones democráticas, mientras cuenten con el respaldo ciudadano, resistirán —como el INE ayer y la SCJN hoy— los embates autoritarios del poder.
Investigador del IIJ-UNAM
