La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2°, señala el derecho que tienen los pueblos indígenas a la libre determinación, la cual se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, siempre y cuando se asegure la unidad nacional y, entre varios puntos importantes, apliquen sus propios sistemas normativos respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Aquí está claro el mandato constitucional.
Por ello, es intolerable que se sigan presentando casos de compra-venta de niñas en comunidades indígenas de estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla o Guerrero, escudados en los famosos usos y costumbres, pues dichos actos atentan contra la dignidad e integridad de las niñas y mujeres.
Y esto no se trata de estigmatizar a los pueblos originarios, pues lo mismo se deben condenar y combatir estas prácticas en las comunidades en las que se presenten, así como en cualquier estrato social, cultural o económico, no sólo de México, sino del mundo, pues es inadmisible que en pleno siglo XXI se sigan presentando estos hechos que a todas luces violentan los derechos humanos de las niñas y niños.
En los últimos años se han realizado diversos trabajos periodísticos que han documentado esta situación y que han ayudado a hacer visible permanentemente la problemática, y con ello poder exigir a las autoridades de todos los órdenes de gobierno que las erradiquen. Sin embargo, esto no ha sucedido. Por el contrario, se ha minimizado el asunto al grado de escuchar declaraciones absurdas como: “No vine a ver la venta de niñas. Eso es una excepción, pero no es la regla”.
En abril de 2019, esta casa editorial publicó un reportaje titulado: Niñas en venta. Con dote ocultan práctica de trata en donde se da conocer que a través de una práctica añeja conocida como la dote, se intercambiaban flores, panes, cervezas o animales a cambio de una niña, que puntualmente se convertiría en esposa de alguien mucho mayor que ella y que en la mayoría de las ocasiones es sometida a maltratos físicos, psicológicos y emocionales.
La ONG “Yo quiero, yo puedo” señala que México es uno de los países con la tasa más alta de matrimonio infantil en el mundo, pues casi 300 mil niñas y niños han sido obligados a contraer matrimonio y en la mayoría de los casos con una persona mucho mayor.
La niñez en nuestro país está sufriendo, pues a estas “transacciones” de niñas hay que sumarle lo que sucede en muchos puntos, como la trata de personas en Tlaxcala o el reclutamiento de niños por parte de la delincuencia organizada. La infancia mexicana sigue siendo la víctima de nuestra indiferencia y desdén.
Un estudio de la organización Reinserta llamado “Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada” menciona que la niñez es la más vulnerable ante el escenario de violencia que se vive en México, pues según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, (Redim) del año 2000 a finales de 2019 cerca de 21 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil tienen calidad de desaparecidos.
La pregunta es, desde la familia, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde todas las trincheras, ¿qué estamos haciendo por nuestros niños y niñas mexicanas?
Como menciona el estudio de Reinserta, es necesario que conozcamos las problemáticas, las comprendamos y entendamos para generar propuestas de valor que se conviertan en políticas públicas y programas que saquen a los niños y niñas de ese mundo de violencia y maltrato al que tristemente los hemos sometido.
Cuidar y proteger a los niños es nuestra obligación hoy, pues sólo así se convertirán en adultos sanos y fuertes mental, física y emocionalmente que gobernarán y decidirán de mejor manera el rumbo de este país, mañana. #OpiniónCoparmex
