La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso audaz y necesario en la construcción de su propia narrativa de gobierno. Se acaba de aprobar en comisiones del Senado de la República su reforma en la que se busca darle mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La propuesta busca reformar el artículo 21 constitucional para mejorar la coordinación en la investigación y respuesta a delitos de alto impacto, permitiendo a la Secretaría colaborar directamente con la Fiscalía General de la República. Este cambio fortalecerá la inteligencia policial, optimizando el uso de datos para hacer frente a la delincuencia.
Su titular, Omar García Harfuch, al anunciar el proyecto de reforma, también destacó que se creará un sistema de inteligencia para maximizar la eficiencia de la policía en tiempo real, lo que se podrá hacer gracias a la expedición de una Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, que se incluye en el propio proyecto que continúa su proceso legislativo.
La coyuntura: las reformas hablan por sí solas
México enfrenta un contexto internacional en el que sus políticas de gobierno son cada vez más observadas. Tras la declaración del presidente electo Donald Trump, quien insinuó “una intervención” en el país para combatir el narcotráfico, México se inclina por una estrategia más firme y autónoma en el combate a la criminalidad. Con esta postura, el gobierno busca reducir los puntos vulnerables que, en el pasado, el mismo presidente estadounidense señaló y utilizó para tener amplia ventaja en las negociaciones comerciales.
La importancia de la regulación y los límites en la nueva política de inteligencia
Esta reforma puede traer muy buenos resultados en el tema de seguridad. Sin embargo, la ampliación de facultades a cualquier órgano del Estado no está exenta de riesgos. El nuevo sistema de inteligencia debe emplearse exclusivamente en el combate a la delincuencia y crimen organizado, y no como espionaje político. En nuestro país, las instituciones de seguridad han sido señaladas en distintos sexenios por prácticas de vigilancia indebida. Resulta fundamental que este nuevo marco de coordinación y recolección de datos esté sujeto a mecanismos de supervisión claros, para garantizar que su uso sea legítimo y transparente. Este sistema podría volverse un arma de doble filo si no se establecen y respetan controles sobre su operación y alcance.
¿Dejamos atrás la política de: abrazos, no balazos?
En sus primeras semanas, la presidenta se ha mostrado dispuesta a mantener cierto “continuismo” con las políticas de su antecesor. Sin embargo, es interesante observar cómo, al establecer una estrategia de seguridad robusta, la Dra. Sheinbaum también establece su propia visión de gobierno, contrastando con la dinámica de AMLO. En el discurso se sigue ofreciendo un guiño a la continuidad, pero estas políticas al inicio de su administración sugieren que se adoptará una postura más proactiva y menos condescendiente con los delincuentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum parece buscar no solo una política eficaz, sino también un posicionamiento firme en el contexto regional. Esta política refleja un enfoque de mayor firmeza y control, dirigiendo la estrategia hacia una seguridad que incluye inteligencia preventiva y mejor coordinación entre las entidades. Parece que está desafiando los lineamientos de su predecesor y consolidando su postura de gobierno: una en la que el Estado asume, de manera activa y con su propio sello, la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, incluso si eso implica redefinir los postulados iniciales de la Cuarta Transformación.
