Aplaudir la captura de Nicolás Maduro puede resultar fácil, incluso tentador. Para mí, Maduro es un personaje políticamente detestable, autoritario y responsable de un régimen que ha hecho de la represión una forma de gobierno. Pero cuando una potencia decide que puede violar la soberanía de un Estado porque el gobernante es impresentable, la justicia deja de ser justicia y se convierte en fuerza. En ese punto, el problema ya no es Venezuela ni Maduro, sino el precedente que se abre cuando las reglas dejan de importar.
Lo sucedido constituye una violación abierta a la soberanía de Venezuela y a los principios elementales del derecho internacional. El orden jurídico global no fue diseñado para premiar afinidades políticas ni para castigar regímenes incómodos, sino para establecer límites, incluso —y sobre todo— a las potencias. Cuando esas reglas se ignoran porque el objetivo parece moralmente aceptable, dejan de ser reglas y se convierten en adornos.
La ONU, por su parte, vuelve a confirmar su irrelevancia práctica. Comunicados, llamados genéricos y una cautela que raya en la omisión. El sistema multilateral, creado precisamente para evitar acciones unilaterales de esta naturaleza, es nuevamente desplazado por la lógica del hecho consumado. El derecho internacional sobrevive como discurso, pero fracasa como mecanismo real de contención.
Durante décadas, las potencias disfrazaron la intervención directa financiando derrocamientos bajo la narrativa de golpes de Estado internos, revoluciones “espontáneas” o transiciones necesarias. Hoy, esa simulación ha desaparecido. La violación a la soberanía ya no se oculta. Tampoco se disfraza el interés económico. El propio Donald Trump ha reconocido que la motivación central es el petróleo venezolano, “robado” —según su versión— hace medio siglo. No hay eufemismos ni pudor diplomático: hay negocio.
En ese contexto, Trump confirma algo que el mundo —y México— debe asumir con seriedad: ya no es solo el perro que ladra, sino también el que muerde. Su forma de negociar no pasa por la construcción de consensos, sino por la exhibición de fuerza. La amenaza deja de ser retórica y se convierte en acción. La imprevisibilidad ya no es un rasgo de carácter, sino una herramienta de política exterior.
No es casual que, casi de inmediato, los mercados hayan respondido. Las acciones de petroleras estadounidenses subieron. Mientras el derecho internacional discute su propia vigencia, el capital actúa con eficacia. Esa sincronía revela lo esencial: las reglas pesan menos que los intereses cuando quien decide es una potencia.
Lo verdaderamente inquietante es la naturalidad con la que el mundo empieza a aceptar este tipo de acciones. La excepción se vuelve regla, la ilegalidad se justifica por conveniencia y el derecho internacional se reduce a una referencia ornamental. No hay escándalo duradero, solo adaptación. Y esa normalización es, quizá, el daño más profundo.
Para México, el mensaje es incómodo pero ineludible. En un escenario donde la soberanía se respeta solo cuando no estorba y donde el derecho internacional se aplica de forma selectiva, la posición no puede ser ingenua ni complaciente. Guardar silencio, minimizar el precedente o celebrar la fuerza ajena es abrir la puerta para que, mañana, esa misma lógica se utilice en nuestra contra.
Defender el derecho internacional no es defender gobiernos autoritarios. Es defender la idea elemental de que el poder también tiene límites. Porque cuando la justicia se ejerce sin reglas, deja de ser justicia. Y cuando el derecho se vuelve opcional, lo único que queda es la ley del más fuerte.