Durante meses se dio por hecho que la primera regulación relevante sobre inteligencia artificial en México vendría del ámbito económico o tecnológico. Se pensó en la Secretaría de Economía, en algún órgano regulador de telecomunicaciones o en una ley especializada en innovación digital. Sin embargo, la primera respuesta normativa significativa no llegó desde ahí. Llegó desde la cultura.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de una Ley de Cine que, más allá de los incentivos a la producción audiovisual, incorpora un elemento que marca un punto de inflexión: un blindaje legal frente al uso de inteligencia artificial para replicar la voz y la imagen de personas intérpretes sin su consentimiento. No es un detalle menor ni una cláusula ornamental. Es, en los hechos, el primer escudo jurídico mexicano frente a los abusos de los algoritmos.
La iniciativa reconoce a la voz humana como una herramienta artística única, no sustituible, ligada a la identidad y a la creación. Prohíbe expresamente el uso de voces o imágenes sintéticas de talentos reales sin autorización previa y sin una remuneración justa, y fortalece las facultades del INDAUTOR para actuar con mecanismos ágiles de sanción cuando se detecten clonaciones no autorizadas. A ello se suman incentivos públicos de hasta 40 millones de pesos para determinadas producciones cinematográficas, lo que muestra que la política cultural no se está planteando como un freno al desarrollo tecnológico, sino como un marco de equilibrio.
La relevancia de esta decisión se entiende mejor si se observa el contexto. México no es un actor marginal en esta discusión. Es la capital del doblaje en español para América Latina, una industria de exportación cultural que opera principalmente desde la Ciudad de México y que hoy se encuentra especialmente expuesta a los deepfakes de voz y a la sustitución silenciosa del trabajo humano por réplicas sintéticas. Lo que estaba en juego no era una hipótesis futurista, sino un conflicto laboral y cultural anunciado.
Mientras en Estados Unidos el sindicato SAG-AFTRA tuvo que paralizar durante meses a la industria para exigir que los estudios no utilizaran inteligencia artificial sin consentimiento ni pago, en México el Estado optó por adelantarse al problema e incorporó el blindaje directamente en la ley. No hubo huelga ni colapso productivo. Hubo previsión normativa.
Pero el alcance de esta medida va más allá del mercado laboral creativo. En el fondo, esta discusión remite a una cuestión constitucional de mayor calado: la cultura como derecho humano. El artículo 4° de la Constitución reconoce expresamente el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Ese derecho no se agota en la posibilidad de consumir contenidos; exige que existan condiciones reales para que la cultura se produzca, se transmita y conserve su dimensión humana. Proteger a quienes crean, interpretan y prestan su voz no es una concesión corporativa ni un gesto romántico: es una obligación constitucional.
Cuando se permite que los algoritmos sustituyan sin límites a las personas creadoras, no solo se precariza el trabajo artístico. Se vacía de contenido el derecho colectivo a la cultura, se estandariza la experiencia cultural y se diluye la diversidad que solo puede surgir de trayectorias humanas concretas. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero sin reglas corre el riesgo de convertir la cultura en un producto genérico, desvinculado de las personas que le dan sentido.
Este primer movimiento legislativo no resuelve todos los dilemas que plantea la IA, ni mucho menos. Habrá que discutir detalles, alcances y mecanismos de implementación. Pero sí deja una lección relevante: la tecnología no debe regularse únicamente desde la lógica del mercado o de la eficiencia, sino también desde los derechos humanos y desde la Constitución.