Cada vez que una multitud se reúne en una plaza pública para escuchar música o presenciar un espectáculo masivo, aparece el mismo debate: ¿es acceso a la cultura o distracción? ¿es una forma de democratizar el arte o una versión moderna del viejo “pan y circo”?
La discusión resurgió tras el concierto de Shakira el domingo, que reunió a una multitud en la Ciudad de México y volvió a poner sobre la mesa la pregunta: ¿qué papel debe jugar el Estado en el acceso a la cultura?
La expresión “pan y circo” viene de la antigua Roma. El poeta Juvenal criticaba que los emperadores mantuvieran tranquila a la población repartiendo trigo y organizando espectáculos en el circo. Mientras hubiera entretenimiento, decía, el pueblo dejaría de preocuparse por la política y por el ejercicio del poder. Desde entonces, la frase se utiliza para cuestionar los espectáculos populares que parecen distraer a la sociedad de los problemas más profundos.
Pero esa crítica, aunque sugerente, no agota el debate. La Constitución mexicana reconoce en su artículo 4° el derecho a la cultura. No se trata únicamente de proteger museos o de conservar monumentos históricos. El derecho a la cultura implica que las personas puedan participar, conocer y disfrutar de las expresiones culturales de su tiempo y de su comunidad. Y esas expresiones no se limitan a la ópera o a la pintura clásica: también incluye la música popular que moviliza a millones de personas.
Durante décadas el acceso a muchos espectáculos artísticos ha estado reservado para quienes pueden pagarlo. Un concierto internacional puede costar varios miles de pesos. Para una gran parte de la población esa experiencia simplemente queda fuera de su alcance. Por eso, cuando los espectáculos culturales llegan a los espacios públicos, se abre una posibilidad distinta: la de democratizar el acceso al arte y al entretenimiento.
En los últimos años, distintos gobiernos de la capital y otros estados han organizado conciertos gratuitos en sus espacios públicos, precisamente con ese argumento: acercar expresiones culturales de gran escala a personas que difícilmente podrían acceder a ellas por la vía del mercado. Esa política ha sido celebrada por algunos y criticada por otros.
Pero hay un elemento que no puede ignorarse. Los derechos humanos no son gratuitos. Los juristas Cass Sunstein y Stephen Holmes lo explicaron con claridad en su conocida tesis sobre el costo de los derechos: incluso las libertades más básicas requieren recursos públicos para hacerse efectivas. Tribunales, instituciones, programas culturales, seguridad y logística implican gasto público.
Y cuando los recursos del Estado son limitados, surge inevitablemente la pregunta sobre las prioridades.
La Ciudad de México cuenta con una de las ofertas culturales más grandes del país: más de 180 museos, decenas de teatros, festivales, exposiciones y espectáculos públicos. En este sentido, es una de las ciudades que más ha avanzado en garantizar el derecho a la cultura.
Pero el país es mucho más grande que su capital. En muchas otras partes de México, el acceso a la cultura sigue siendo extremadamente limitado. No hay teatros, ni bibliotecas, ni talleres artísticos o artesanos. En algunos lugares ni siquiera existen condiciones suficientes para ejercer otros derechos básicos como el acceso al agua potable, a la vivienda o a la salud.
Por eso conviene recordar algo que el derecho constitucional ha reiterado durante años: los derechos humanos se garantizan de manera progresiva. Ningún Estado puede cumplirlos todos de forma inmediata y absoluta. Su obligación es avanzar gradualmente en su realización, ampliando poco a poco las condiciones para que cada vez más personas puedan ejercerlos.
En ese proceso, la cultura también tiene un lugar. La historia, de hecho, muestra que los grandes proyectos políticos siempre han entendido el poder simbólico del arte. En la Atenas clásica, el gobernante Pericles financió festivales dramáticos abiertos al público, porque creía que el teatro también formaba ciudadanos. Siglos después, Roma llenó sus plazas y anfiteatros de espectáculos para cohesionar una sociedad diversa y enorme.
Entre la cultura y el espectáculo siempre ha existido una frontera difusa. Tal vez por eso, cada vez que una plaza se llena para escuchar música, la discusión reaparece. Pero si algo nos recuerda ese debate es que el acceso a la cultura no debe ser un privilegio reservado para unos cuantos, sino un horizonte que —como todos los derechos— debe ampliarse progresivamente hasta alcanzar al mayor número posible de personas.