En México y en muchas regiones del mundo, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra sigue siendo una de las barreras más importantes para la inclusión de las mujeres rurales y su contribución plena al desarrollo agrícola y a la seguridad alimentaria. La tenencia de la tierra representa un conjunto de derechos que permiten a las personas usar y gestionar los recursos de la tierra, ya sea a través de la propiedad privada, el arriendo de tierras públicas o el uso de tierras comunales. Sin embargo, para muchas mujeres campesinas, la falta de titularidad y de control sobre los recursos de la tierra impide aprovechar al máximo estos derechos.
En un momento histórico para el país, la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que “es tiempo de mujeres,” un llamado que resuena profundamente en los sectores rurales. Impulsar el reconocimiento y desarrollo de las mujeres rurales ha sido uno de sus compromisos, una declaración que ofrece a las mujeres rurales e indígenas una oportunidad clave para fortalecer su voz y liderazgo, especialmente en el acceso a la tierra y a los recursos productivos.
Las mujeres rurales generan entre el 60% y 80% de la producción de alimentos en países en desarrollo, pero, a menudo, su acceso a la tierra y su capacidad para decidir sobre el uso de los recursos es limitado debido a restricciones culturales y sociales. Esta situación limita la productividad agrícola y el bienestar económico de los hogares. Al asegurar los derechos de tenencia de la tierra, no solo se amplía la posibilidad de que las mujeres accedan a recursos económicos y tecnológicos, sino que también se fomenta un uso más eficiente y sostenible de la tierra, permitiéndoles planificar tanto para satisfacer las necesidades inmediatas como para invertir en el futuro.
A lo largo de los últimos años, se han logrado avances en el reconocimiento de los derechos de tenencia de las mujeres rurales, pero estos progresos aún no son suficientes. La disparidad en el acceso a la tierra sigue siendo un desafío importante que limita su potencial de contribución al crecimiento agrícola y a la seguridad alimentaria.
De acuerdo con el Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México 2024, los hombres representan la gran mayoría de los titulares de la tierra en el país, con 3,949,653 sujetos agrarios en comparación con 1,495,858 mujeres. Esto significa que más del 70% de las tierras están en manos masculinas. A nivel estatal, ninguna entidad alcanza una participación femenina del 40% en la propiedad de tierras. Tabasco encabeza la representación femenina en la titularidad de tierras, con un 35.5%, seguido de Baja California, Ciudad de México, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Puebla y Querétaro.
Para que las mujeres campesinas puedan hacer un uso más eficiente de la tierra, es fundamental que tengan acceso a la tierra, control sobre el manejo de sus recursos y los incentivos económicos que brinda la seguridad en la tenencia. El reconocimiento de la titularidad de la tierra no solo promueve la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias, sino que también facilita la implementación de programas de desarrollo territorial integrador. Este tipo de acciones contribuye a una economía rural más sostenible y a la autonomía de las comunidades.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), impulsar iniciativas que fortalezcan los derechos agrarios de las mujeres en México es una prioridad. Con este fin, la FAO ha promovido políticas inclusivas y brindado asistencia técnica en colaboración con el gobierno mexicano. En los estados de Jalisco y Oaxaca, hemos trabajado en un plan de acción diseñado a partir de diagnósticos situacionales sobre migración interna, trabajo, salud, educación y género, para abordar los desafíos específicos de las jornaleras agrícolas en estas regiones.
Dichas estrategias han involucrado al sector público y privado, así como a organizaciones de la sociedad civil y la academia. Los acuerdos intersectoriales buscan mejorar la protección social para las jornaleras, dignificar el trabajo agrícola y fortalecer sus capacidades, creando una red de promotoras de derechos sociales en las comunidades rurales. Estos esfuerzos representan un compromiso firme con la justicia social y la equidad de género, cerrando brechas y reparando deudas históricas.
Desde la FAO, continuamos con las acciones de protección social hacia grupos como las mujeres y juventudes rurales, promoviendo la formalización económica y laboral. Trabajamos activamente en un nuevo proyecto que busca proteger los derechos laborales de estos sectores, impulsando su inclusión en el sistema productivo de manera digna y justa.
Reconocer y fortalecer el papel de las mujeres en la gestión y protección de la tierra es fundamental para construir una producción más eficiente, mejorar la nutrición, promover un entorno más saludable y asegurar una vida digna para todas y todos, sin dejar a nadie atrás.
