El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por medio de su Fiscal General, Merrick Garland, anunció un arresto doble e histórico: el de Ismael Zambada García –alias El Mayo– a quien identifica como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa (también conocido en México como el Cártel del Pacífico) y a Joaquín Guzmán López, hijo del también fundador Joaquín Guzmán Loera, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019. El fiscal Garland fue muy claro: los arrestos forman parte de la encomienda del DOJ de “llamar a cuentas a los responsables de la crisis de fentanilo” en su país, misma que le atribuyen directamente a la organización criminal mexicana.
La justicia estadounidense acusa a Zambada de tráfico de fentanilo, lavado de dinero, delitos de armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer homicidio. A Guzmán López, de tráfico de cocaína en grandes cantidades, heroína y metanfetaminas entre otras drogas. El fiscal americano pudo pararse el cuello al decir que estas detenciones se suman a una lista creciente de líderes y socios del Cartel de Sinaloa que el Departamento de Justicia de su país lleva a enfrentar a la justicia en su cruzada contra el fentanilo, que incluye por supuesto a Joaquín Guzmán, su otro hijo, Ovidio Guzmán, y el sicario Néstor Isidrio Pérez, “El Nini”.
A esto hay que añadir las continuas sanciones –tantas que suelen pasar desapercibidas entre el mar de noticias– de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del país vecino contra individuos y empresas por presuntamente lavar dinero para el grupo criminal sinaloense. ¿Cómo se llevarían a cabo este tipo de operaciones? Por ejemplo, los dólares americanos obtenidos de la venta de narcóticos en EU son utilizados para comprar teléfonos celulares en aquel país, mismos que son posteriormente vendidos en México en ciudades como Culiacán, Mazatlán o Cancún; todo esto con la participación de brokers y empresarios coludidos. Así, de acuerdo con la OFAC, el cártel obtiene sus ganancias por la venta de drogas ya convertida a pesos mexicanos. ¿De cuántas operaciones de este tipo –contra el lavado de dinero– por la venta de drogas o de armas hemos tenido noticia por parte del gobierno de nuestro país? ¿Cuáles son las prioridades de la Unidad de Inteligencia Financiera? Al parecer ninguna en este sentido.
En México, que es cuna, casa y centro de operaciones de dicho grupo criminal (a quien varios especialistas prefieren llamar Cártel del Pacífico) la autoridad desconoce siquiera si existe alguna orden de aprehensión contra Zambada, según declaro la responsable de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, frente al Presidente de la República en su conferencia de prensa matutina. Nadie –ni la Fiscalía General de la República, ni alguna fiscalía estatal– llama a cuentas al famoso e histórico delincuente de 76 años de edad.
Soplan vientos reformistas en México, quizá hoy más que nunca antes. Bien haríamos en encauzar los que hoy se limitan exclusivamente en dirección al Poder Judicial para que se enfoquen en el fallido sistema de procuración de justicia: el federal y los estatales. Sólo así podría llegar el día en el que contemos con policías y fiscalías capaces de, respectivamente, investigar y sostener acusaciones sólidas en tribunales contra criminales de todos los niveles y de todo tipo de perfiles. Desde sicarios, encargados de lavar dinero, narcotraficantes y los políticos con los que están asociados. Quizá entonces no tendremos que apostar a procesos de extradición al país del norte.
Porque si algo debemos tener en claro en este ir y venir de señalamientos sobre la idoneidad de votar o no a ministros de la Suprema Corte de Justicia, queda totalmente fuera de discusión el rediseño de un inoperante sistema de procuración de justicia que deja en la impunidad 9 de cada 10 homicidios. O el sistema que, de acuerdo con el Censo Nación de Procuración de Justicia Federal del INEGI, dejó sin investigación en 2022 a casi 7 de cada 10 carpetas en las que ejerce su facultad de abstenerse de investigar o determinó el no ejercicio de la acción penal.
El presidente López Obrador suele invocar al respeto a la soberanía de nuestro país cuando habla de la colaboración con Estados Unidos en el combate al narcotráfico. ¿Qué mayor defensa de la soberanía que sea una fiscalía mexicana la que persiga penalmente a los delincuentes que llevan a cuestas gran parte de los homicidios dolosos que se cometen en el territorio nacional?
Un país sin capacidades ni voluntad de acusar, llevar a juicio y derrotar en tribunales ni a sus más conocidos criminales en su peor crisis de homicidios es un país condenado a vivir en la violencia.
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