Los hechos tan lamentables que se han dado a conocer en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que presuntamente se usaba como centro de adiestramiento y como crematorio debido a los restos humanos localizados en ese lugar y que presumiblemente era controlado por el cártel jalisco nueva generación. La confirmación de que existían restos humanos y las declaraciones de personas que fueron reclutadas forzosamente, habla de injusticia y dolor con el cual no se debería lucrar, pero se ha hecho y eso es imperdonable.
El hallazgo que se dio a conocer hace unos días de parte de colectivos de madres buscadoras, y a pesar de que aproximadamente hace seis meses ya se había dado a conocer y autoridades estatales, aparentemente habían intervenido, habla de una realidad que coexiste en nuestro país, eso nadie lo puede negar. Realidad que ciertamente fue no solo permitida, sino auspiciada por gobiernos panistas y priístas. Y no, no se trata de buscar culpables, pero sí responsables de la situación que desde el 2018 estamos tratando de revertir.
Desde que se dio a conocer este hallazgo, la presidenta tomó cartas en el asunto e instruyó al gabinete revisar el caso y coordinarse con autoridades estatales y locales y así poder determinar la ruta a seguir. Y así se hizo, el trabajo con el gobernador de Jalisco es una muestra de ello, se requiere toda la colaboración posible para poder llegar al fondo de este tema y poder dar certeza a aquellas familias que tienen a un familiar desaparecido.
El miércoles, el fiscal general de la República dio una conferencia de prensa para anunciar que la FGR atraería el caso y señaló las múltiples irregularidades que la Fiscalía del estado tiene respecto a este caso e investigación, desde no realizar las cadenas de custodia correctamente, hasta no resguardar debidamente el inmueble, y es justamente por eso, que el caso pasará a ser responsabilidad de ese ente de justicia.
Aunado a esto, la presidenta también presentó una estrategia para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada con la finalidad de crear una Base Nacional Única de Información Forense, nuevos protocolos de búsqueda inmediata como generar alertas de búsqueda en todas las corporaciones y entidades del país así como instruir la apertura inmediata de carpetas de investigación por desaparición, eliminando la espera de 72 horas que aún se practica en algunos estado, equiparación del delito de desaparición al delito de secuestro,
transparencia en cifras a partir del establecimiento de la publicación mensual de las carpetas de investigación, entre otras.
La respuesta ha sido inmediata y está caminando, pero ante el fracaso de una oposición que realmente no existe, la tentación era grande. Tanto el PRI como el PAN, no se han tentado y han usado este lamentable caso, deje usted para desprestigiar al gobierno, lo han usado para sacar ventaja, colocarse en la arena pública y quizás (piensa ellos), obtener beneficios que les den votos y reponer su ya nula credibilidad.
Hoy critican, se ponen, supuestamente, del lado de las personas (cosa que jamás hicieron cuando fueron gobierno), pero en el fondo, solo “carroñean”. No les queda más.
