Han pasado 8 años y a veces pienso que eso no pasó realmente, quizás es un lugar común pero pienso que a las personas que padecimos o estamos en el duelo de una madre, una mujer que fue víctima de feminicidio, así nos pasa. Pensamos y pensamos demasiado en el hecho, repetimos escenarios con la ilusión de que no sea verdad. Por eso es tan importante lo que en próximos días estaremos aprobando en la Cámara de Diputados: sancionar a servidores públicos que obstaculicen, abstengan o sean omisos en la investigación de un delito y además, se niegue la calidad de víctima cuando existan los elementos que así la acrediten.
Los casos existen y existen muchos, mi familia fue víctima de uno de esos casos. En el secuestro y posterior feminicidio de mi madre, la maestra Matilde Gil Herrera, en 2017, fuimos víctimas de funcionarios omisos que se negaron a indagar el delito de esa manera, como un secuestro (que q todas luces era), y luego un feminicidio.
Y negar esos hechos, dilataron y entorpecieron una búsqueda eficiente. Se perdió tiempo, jamás se investigó y como en muchas familias, hijas o madres, buscamos a la nuestra, aportamos las pruebas necesarias, desde fotografías de cámaras de vigilancia que evidenciaban a los responsables del secuestro y desaparición, hasta ponerles tres veces, sí, tres veces al presunto autor intelectual y material para que simple y sencillamente esas tres mismas veces lo dejaran en libertad argumentando que no había pruebas cuando en las declaraciones que obran de esos encuentros, existen tres versiones distintas y ni así lo detuvieron.
En esas horas y días claves posteriores a la desaparición de mi madre, pasaron más tiempo tratando de sacar a la luz la vida de mi madre para “comprobar” que ella se había ido por su propio pie y que seguro andaba en la playa, que investigando las pruebas que todos los días la familia recababa para que ellos hicieran un trabajo que jamás hicieron.
Estos funcionarios públicos sobran, deben ser castigados conforme a la ley porque sus omisiones, literal, arrebatan vidas. La ley Matilde, busca justamente sancionar la omisión o abstención injustificada en la investigación del hecho delictuoso, declarar delito el negar la calidad de víctima cuando existan elementos suficientes que la acrediten según la Ley General de Víctimas y decretar como delito la obstaculización del ejercicio de los derechos de las víctimas durante la investigación.
El objetivo no es otro que esto que nos pasó a nosotros, y que le sigue pasando a muchas familias, jamás, jamás vuelva a suceder. Y es que es muy fácil para algunas autoridades dejar las cosas así, no hacer nada, ser omisos.
El fondo de esta reforma es no permitir que la vida de las mujeres sea subvalorada, que no somos personas de “segunda”, por eso, esta propuesta es una especie de acción afirmativa, es decir, es como compensar de alguna forma la discriminación que las mujeres aún seguimos padeciendo.
Que sirva pues la ley Matilde para que, como consigna, ¡ni una más! Ni una sola ocasión más las autoridades sean omisas en las investigaciones y si lo hacen, que sean debidamente sancionados.
