El Tribunal Electoral es el órgano colegiado del Poder Judicial de la Federación que tiene la última palabra en los procesos electorales cuando existe alguna controversia. Esto quiere decir que sus resoluciones tienen el carácter de definitivas e inatacables. La imparcialidad de este órgano es fundamental, pues es la instancia encargada de proteger los derechos políticos de los ciudadanos, que junto con los partidos políticos, son los principales actores en una democracia moderna.
Este órgano judicial está obligado a asegurar a todos los jugadores de un proceso electoral y a los ciudadanos ecuanimidad, rectitud, equidad y pulcritud, cualidades que en tiempos de comicios cobran gran relevancia. En este sentido, preocupan algunos de los criterios y decisiones que por mayoría ha tomado este órgano colegiado recientemente, porque evidencian a un tribunal más alineado a la voluntad presidencial que garante de nuestros derechos. Menciono algunas:
Primero, la ratificación de la decisión el INE de negarle el registro a México Libre careció de sustento legal, vulnerando el derecho a la participación política no sólo de quienes encabezaron dicho proyecto, sino de cientos de miles de personas que lo acompañaron y trabajaron en su construcción. México Libre cumplió con todos los requisitos para integrar un partido político. A pesar de ello, el órgano jurisdiccional dio la estocada final y contribuyó a cancelar una alternativa de oposición, escribiendo, con las decisiones de ese mismo día, unas reglas para opositores y otras distintas para los aliados políticos del poder, como sucede en las dictaduras.
Segundo, la decisión del Tribunal de revocar los criterios del INE sobre paridad en gubernaturas que ordenaban a los partidos políticos a postular por lo menos 7 mujeres a las candidaturas vulnera el principio constitucional de igualdad, así como la obligación de los partidos de observar el precepto de paridad de género y garantizar los derechos políticos de las mujeres. Sin duda ha existido y sigue habiendo una sub representación política, que forma parte de un panorama más amplio y complejo de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En la vida democrática de México solo nueve mujeres han sido gobernadoras y actualmente sólo hay dos. El tribunal tenía la oportunidad de acompañar al INE en un paso de gran relevancia tras una historia de dominación masculina en los espacios de poder. Sin embargo, decidió continuar en la ruta perversa de la simulación que sigue limitando nuestra participación política, cediendo a presiones que cierran la puerta al ejercicio de nuestros derechos.
Por último está la decisión del Tribunal de echar para atrás las medidas impuestas por el INE que ordenaban al presidente de la República a abstenerse de emitir declaraciones de índole electoral y de utilizar los espacios de comunicación oficial para fines electorales. Estas medidas definidas por el INE eran congruentes con lo que dicha institución ha decidido en procesos electorales anteriores. No es la primera vez que la oposición presenta quejas de este tipo, incluso Andrés Manuel había encabezado varias de ellas cuando formaba parte de la misma. La decisión del INE tenía como objetivo garantizar la equidad en la contienda y al revocarla, el órgano jurisdiccional la está vulnerando.
Lamentablemente, en esta como en las otras dos decisiones, el Tribunal deja ver una intención constante de complacer al Ejecutivo Federal que quebranta su autonomía y debe ser señal de alarma para los próximos comicios. No sólo debemos exigir al presidente que saque las manos del proceso, sino a este órgano colegiado que garantice su imparcialidad y cumpla su tarea de proteger los derechos políticos de las y los ciudadanos.
Consultora y Directora de LIMA Diversidad e Inclusión
@lialimon
