A mes y medio de haber entrado en vigor del T-MEC México seguimos sin cumplir la implementación de la reforma laboral de 2019, que se llevó a cabo como condición que impusieron nuestras contrapartes para la firma de dicho acuerdo, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en nuestro país. El planteamiento de nuestros aliados comerciales fue estratégico, sabían que un cambio en las condiciones laborales de nuestros trabajadores, principalmente las salariales, reduciría la brecha que hoy existe entre los trabajadores de nuestras industrias de exportación y aquellos de Estados Unidos y Canadá, haciéndonos menos competitivos y reduciendo la ventaja que hoy tenemos en ciertas industrias como la manufacturera y la automotriz.
La reforma sienta las bases de una verdadera transformación del régimen sindical y de la negociación colectiva y busca lograr una auténtica representación a través del pleno ejercicio de la democracia al interior de las organizaciones sindicales, dejando atrás los mecanismos de control e imposición en el mundo del trabajo. Ello tendría que repercutir en mejorar las condiciones de los trabajadores, entre otras, la de salarios dignos. La reforma también contempla el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, entre ellos la no discriminación, la equidad de género, la lucha contra la violencia laboral, la obligación de contar con protocolos para prevenir y atender conductas de acoso y hostigamiento y la prohibición expresa de trabajo infantil.
A pesar de los avances que presume la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en la implementación de la reforma y en la adecuación de estatutos de los sindicatos para introducir el voto libre, secreto y directo, los congresistas norteamericanos opinan distinto, consideran insuficientes los avances y acusan a nuestras autoridades de incumplir con el acuerdo comercial. Un grupo amplio de legisladores de Estados Unidos enviaron la semana pasada una carta al presidente López Obrador en la que le piden cumplir con la nueva legislación laboral y con las obligaciones del T-MEC y asegurarse de que los gobiernos estatales también lo hagan. En dicha misiva los legisladores norteamericanos acusan a los gobiernos de los estados fronterizos de colaborar con la industria manufacturera para intimidar a trabajadores que luchan por mejorar sus condiciones salariales y laborales e insisten en la necesidad de respetar la libertad sindical.
La preocupación de los americanos en este tema es evidente y no es la primera vez que la manifiestan. Además de declaraciones previas de autoridades estadounidenses sobre el tema, hace casi seis meses la oficina de asuntos internacionales de su Departamento del Trabajo emitió una convocatoria dirigida a instituciones académicas, organizaciones y asociaciones interesadas para financiar proyectos de asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas mexicanas que formen parte de la industria automotriz a fin de contribuir a mejorar las condiciones de trabajo en estas empresas.
Como ya lo habíamos advertido en este espacio, a partir de la entrada en vigor del T-MEC, la vigilancia de las autoridades de Estados Unidos en el cumplimiento de nuestras industrias exportadoras de la nueva normatividad laboral será cada vez mas intensa. Hoy los congresistas solicitan al gobierno de México responder con un plan de acción que obligue a los gobiernos estatales a cumplir con la ley y el acuerdo comercial. Ello constituye un primer llamado y una advertencia de que nuestros vecinos del norte no cesarán en su cometido de incidir en el tema. Si no lo atendemos, el paso siguiente será el inicio de procedimientos para imponer sanciones a nuestra industria exportadora con consecuencias muy dañinas para éstas y para México.
@lialimon
Abogada y consultora
