Ayer Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados votaron la desaparición de 109 fideicomisos. Primero destruyen y luego averiguan. Como ha sucedido a lo largo de estos dos años con otros programas, los cancelan acusando corrupción que no prueban y sin plantear alternativas viables que garanticen la atención de la población a la cual iban enfocados dichos fondos. Lo mismo sucedió con el Programa de Estancias Infantiles, el Seguro Popular y Prospera que el gobierno eliminó sin crear nuevas y mejores políticas públicas que los suplieran, dejando con ello desprotegidas a millones de personas.
La decisión de cancelar fideicomisos no busca combatir la corrupción sino aumentar el control y el poder político del presidente y el uso discrecional de los recursos públicos. Además de ayudar a resolver el problema grave de ingresos que hoy enfrenta el gobierno federal por una pésima planeación, la extinción de los fideicomisos permite a López Obrador hacerse de una bolsa de 68 mil millones de pesos anuales, es decir, transfiere estos recursos de un ámbito más regulado a uno que cada vez lo está menos.
El objetivo de un fideicomiso es dar certidumbre de que los recursos presupuestarios se van a invertir en un determinado sector con la posibilidad de financiar proyectos de mediano y largo plazo. Los fondos y fideicomisos eliminados permitían atender a distintos grupos de la población. Su cancelación elimina la posibilidad de otorgar medidas de seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos cuando enfrentan amenazas que ponen en peligro su integridad y su vida vulnerando la libertad de expresión; deja en el desamparo a miles de víctimas de delitos graves y de violaciones a los derechos humanos eliminando la posibilidad de indemnizarlos y garantizar su derecho a la reparación del daño; abandona a la población más vulnerable cuando se presente un desastre natural como sucede cada año; trastoca el desarrollo de la investigación científica, la creación de tecnología y formación de capital humano especializado; desalienta la producción cinematográfica nacional y lleva al incumplimiento del compromiso internacional en el problema del cambio climático. Una vez más, López Obrador y Morena prueban su capacidad de destrucción y su incompetencia para crear nuevas alternativas que atiendan de una mejor manera los diversos temas.
El sector científico, los periodistas, los colectivos de víctimas y la comunidad cultural ya se han manifestado en contra de esta decisión y la respuesta del presidente ha sido que “hay intereses creados”. Pero quitarle recursos a la ciencia en medio de una pandemia es un grave error. Por ejemplo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional tiene en curso 19 proyectos sobre el Covid que no podrá continuar. Con la desaparición del FONDEN además se viola la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que mandata tener disponible y en el presupuesto el 0.4% del gasto programable para atender desastres naturales, pues el artículo transitorio dice que estos ingresos excedentes que tendrá la federación se irán para procurar el balance fiscal del gobierno.
Aun cuando los fideicomisos que deciden extinguir se crearon hace años, son administrados por el gobierno actual, es decir, el argumento de combatir la corrupción no se sostiene, a menos que el presidente desconfíe de sus propios funcionarios. Si en realidad quieren eliminar la corrupción en este rubro, deberían revisar en cada fideicomiso quien es la fiduciaria, auditar su funcionamiento y obligarlos a una mayor rendición de cuentas, en lugar de desaparecerlos de tajo y con ello aumentar el manejo discrecional del dinero.
Consultora y directora de LIMA Diversity & Inclusion
@lialimon
