La semana pasada fue publicado el proyecto del ministro Luis María Aguilar en donde propone declarar inconstitucional la materia de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, propuesta por López Obrador. Estamos a unas horas de que dicho proyecto sea votado por el pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En los últimos días, ha existido una abierta presión de AMLO hacia el Poder Judicial sobre este tema. Pidió públicamente a los ministros tomar en cuenta el sentimiento de la gente y aceptar la democracia participativa y advirtió que en caso de que la Corte negara la consulta, de todos modos la llevaría a cabo a través de una reforma a la Constitución, deslindándose de dicha decisión.
Hasta ahorita pareciera que no está definida una mayoría ni a favor ni en contra de la propuesta presidencial. Y es que el tema no es menor. Nadie está en contra de la democracia participativa que es el fundamento para la realización de las consultas populares, sin embargo, la impartición de justicia no puede ser sometida a consulta. Existen argumentos de sobra para votar a favor del proyecto y negar la consulta.
El juicio a expresidentes es parte del discurso de combate a la corrupción que AMLO ha sostenido desde su campaña y es una bandera que le ha sido rentable y que le sirve retomar en tiempos electorales ante la falta de resultados de su administración en este y otros temas. Incluso, ante los recientes escándalos de corrupción en que se han visto envueltos familiares y colaboradores suyos y la falta de acciones legales de su gobierno para sancionarlos, señalar a los del pasado y enfocar la atención en ellos es una buena estrategia.
La utilización de una figura de participación democrática para llevar a cabo represalias contra adversarios políticos trastoca el orden jurídico y afecta derechos de terceros. La Constitución establece expresamente que no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos y que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. En este caso, se vulnera el derecho al debido proceso, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia y se pretende convertir a los ciudadanos mexicanos en un tribunal especial. Además, de llevarse a cabo la consulta, la justicia quedaría condicionada a la voluntad popular en lugar de estar sujeta a investigaciones judiciales que se deriven de la presunción de la existencia de conductas delictivas, vulnerando el Estado de Derecho.
Los instrumentos democráticos, como la consulta popular, fueron diseñados para utilizarse con el objetivo de fortalecer y dotar a las decisiones gubernamentales de la soberanía nacional que reside en el pueblo. Tergiversar la finalidad de dichos instrumentos para darle fortaleza soberana a una decisión inconstitucional trasgrede la estabilidad democrática de nuestro país.
Recientemente, un grupo de abogados presentamos, por medio de una amicus curiae, una serie de argumentos entre los que destacan los aquí mencionados, que se suman a los ya aludidos por la ponencia del ministro Luis María Aguilar. Ojalá sean tomados en cuenta en la discusión y ayuden a convencer a quienes todavía están indecisos de su voto. Sería muy grave un resultado a favor de la consulta, pues es impensable que el máximo órgano encargado de impartir justicia considere que ésta es negociable. Si ello sucede, su voto por algo a todas luces inconstitucional parecería su carta de negociación para la reforma judicial.
Consultora y Directora de LIMA Diversity & Inclusion
