AMLO ganó las elecciones del 2018 con la promesa de encabezar un gobierno honesto. Durante sus dieciocho años de campaña una de sus banderas principales fue la de acabar con la corrupción. Con ese discurso arrancó su gobierno. Incluso sus primeras acciones, varias de ellas erróneas, fueron justificadas con el argumento de que estaba combatiéndola.
Hoy los actos y omisiones de integrantes del gobierno poco apegados a los principios de honestidad que el presidente proclama y su inacción ante los mismos tira a pedazos su principal bandera y a la larga repercutirá en su popularidad. Cada vez que uno de sus allegados es descubierto cometiendo alguna irregularidad él se vuelve cómplice al no haber consecuencias y sus reiterativas expresiones a favor de la honestidad y la austeridad parecen huecas o reflejan cinismo. A pesar de que López Obrador dijo que no toleraría la corrupción, a 19 meses de gobierno cada vez son más los casos que se descubren.
Primero fueron las propiedades de Barlett, que revelan una fortuna 16 veces mayor a la que el funcionario hizo pública en su declaración patrimonial. El presidente puso en manos de la Secretaria de la Función Pública la investigación de estos hechos, de la cual Barlett salió exhonerado sin una investigación de fondo. Poco después, ya en medio de la pandemia, se darían a conocer contratos millonarios que cuatro dependencias otorgaron sin licitación a su hijo y a su socio, y se hizó público también que este último prestó una casa al equipo de López Obrador durante la campaña y el periodo de transición que luego Morena compró.
Asimismo, se han dado a conocer contratos millonarios otorgados a empresas acusadas de irregularidades en Estados Unidos y a familiares de funcionarios con altos cargos públicos como el titular del IMSS, para comprar insumos médicos durante el covid. En lo que va de la acutal administración el número de adjudicaciones directas asciende a mas del 75%, una cifra que supera a la de las administraciones anteriores. Sin embargo, sobre todos estos casos el presidente no ha hecho nada mas que descalificar a los medios, periodistas y organizaciones que los hacen públicos.
El caso más reciente es el de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública y encargada de combatir la corrupción, a quien se le atribuyen 6 propiedades que se encuentran a su nombre y el de su marido John Ackerman. Nada habría de malo en poseer un patrimonio inmobiliario si este no hubiese sido ocultado en su declaración patrimonial y uno de los terrenos no le hubiesen sido otorgados en el 2007 por el gobierno de la CDMX que en ese momento estaba conformado por los lopezobradoristas. La secretaria Sandoval, en lugar de salir a dar una explicación satisfactoria o sujetarse a una investgación y separarse del cargo mientras ésta se lleva a cabo, reaccionó descalificando a la prensa que llevó a cabo la investigación.
Ni que decir de la ridícula cargada de altos funcionarios en redes a favor de su colega. Hasta López Gatell, el encargado de la pandemia, se tomó el tiempo para defenderla, al igual que la secretaria Sánchez Cordero, que no atiende la crisis de Conapred, Sipinna y la CEAV pero si la de su compañera. Un gobierno ajeno a la rendición de cuentas, que rompe a pedazos la principal bandera con la que AMLO ganó. La realidad de sus más cercanos contradice sus dichos de austeridad y el 90% de honestidad que presumía en ellos y con el que justificaba su inexperiencia se esfuma a paso veloz.
Abogada y consultora
