El Índice de Estado de Derecho 2020 de la organización internacional World Justice Project, una herramienta cuantitativa que proporciona un panorama completo del Estado de Derecho, coloca a México en el lugar 104 de 128 países que fueron evaluados. Para ponerlo en contexto, de 30 países de América Latina considerados en el estudio, sólo cuatro están peor calificados que nosotros: Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
Este índice está hecho por una organización internacional sin ningún tipo de sesgo. Se elabora con base en las experiencias y percepciones recabados a partir de 130 mil encuestas a población en general y 4,000 cuestionarios a expertos en justicia al rededor del mundo. Se construye sustentado en información que permite asignar puntajes y rankings para ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. A partir de dicha información, el índice busca identificar las fortalezas y debilidades de cada país.
Me centro en lo que reporta el índice acerca de la corrupción por ser este uno de los temas favoritos en el discurso diario del presidente y porque para variar, los datos que éste revela contrastan con las declaraciones reiteradas de que su gobierno ya acabó con ella. Según este estudio, el problema de la corrupción ha crecido en el actual gobierno. México tuvo este año la peor calificación de la última década que nos coloca entre los últimos lugares en resultados para erradicar esta práctica. En 2015 estábamos en el lugar 88 de 102 países evaluados, hoy estamos todavía peor: en el lugar 121 de 128 países, sólo superados por Kenia, Madagascar, Bolivia, Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.
Para hacer el análisis sobre la ausencia de corrupción, World Justice Project toma en cuenta si los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de la policía y las fuerzas armadas abusan de sus funciones para obtener beneficios privados, considerando tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Nuestro puntaje en este rubro es de 0.27 en una escala del 0 al 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho. Si bien la caída no es abrumadora pues el cambio de puntaje es de solo -0.02 con relación al año anterior, esto sí refleja que en este año ocho meses de gobierno lo único que ha cambiado en el combate a la corrupción es el discurso que niega su existencia.
El día de ayer, el presidente en su mensaje con motivo del segundo informe de gobierno afirmó que su gobierno no será recordado por corrupto. Eso aún no lo sabemos, pero hasta hoy no hay acciones contundentes para inhibir este tipo de prácticas. El sistema anticorrupción está frenado desde que arrancó la actual administración. Se han revelado casos donde se presume corrupción de altos funcionarios de la 4T, como la asignación directa de contratos millonarios a familiares y amigos, sin que el presidente tome medidas para sancionarlos. Recientemente, la revelación de videos donde Pío López Obrador, hermano del presidente, recibió dinero en efectivo, sin que esto haya detonado que se inicie una investigación, pone en evidencia que en el combate a la corrupción hay más sesgo que compromiso y explican porqué el presidente se siente más cómodo anclándose en descalificar el pasado que comprometiéndose y construyendo hacia el futuro.
@lialimon
Consultora y abogada
