El jueves pasado se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 187 periodo de sesiones. El tema fue la violencia obstétrica en las Américas.
La audiencia comenzó con la intervención de Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos. Ella resumió en qué consiste la violencia obstétrica como “una forma de violencia basada en el género…, ejercida por los encargados de la atención en salud sobre las personas gestantes, durante el acceso a los servicios de salud que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto, que se expresa… en un trato deshumanizado, irrespetuoso, abusivo o negligente; en la denegación de tratamiento e información; en intervenciones médicas forzadas o coaccionadas, y en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos ...”.
Continuó la audiencia con la participación de Rebeca Ramos Directora Ejecutiva de GIRE México. Ella dijo que “Entre las acciones de violencia obstétrica que causan daño psicológico están los actos discriminatorios, el uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico durante la prestación de los servicios, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y el trato deshumanizado. Las manifestaciones de violencia física son las prácticas invasivas como las cesáreas injustificadas, la esterilización no consentida o forzada, el suministro infundado de medicamentos o el retraso de la atención médica de urgencia”.
Los datos que aportó Rebeca Ramos respecto de México fueron que “el sector público concentra más del 70 por ciento de los partos y 3 de cada 10 mujeres han expresado haber sido víctimas de violencia obstétrica. Si se desagrega esta cifra…: una de cada dos mujeres menores de 20 años con discapacidad informó haber sufrido al menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto”.
Intervino después Rocío García Garro, de Católicas por el Derecho a Decidir, de Argentina. Ella enfocó su intervención hacia las mujeres privadas de su libertad y a las personas gestantes, trans y no binarias.
Rossina Guerrero de Promsex Perú, señaló que “En el día a día el personal de salud ejerce de manera sistemática y naturalizada actos de violencia obstétrica y que la pertenencia a un pueblo indígena, andino o amazónico; así como el uso de una lengua originaria pueden agravar la exposición a este tipo de violencia”.
Javiera Mardones de Miles expuso el caso de Chile y los obstáculos que han enfrentado para instrumentar la reforma que incluyó causales excluyentes de responsabilidad respecto al aborto en su código Penal.
María Paula Houghton, del Grupo médico por el derecho a decidir de Colombia insistió en seguir con la sensibilización a los médicos partiendo de la concepción de que las mujeres “son seres competentes y sintientes capaces de tomar decisiones sobre sus procesos reproductivos y plan de vida y en la necesidad de tener más datos”.
Hay coincidencias en cuanto a que es indispensable seguir reconociendo y nombrando la violencia obstétrica; que no es conveniente apostar al punitivismo y que es indispensable garantizar la no repetición.
Las participantes de la sociedad civil se articularon de manera que parecía escuchar una sola voz que recorría la geografía del continente. Los comisionados de la CIDH podrán utilizar lo aportado por la sociedad civil en las visitas a los países y en los informes anuales que se vayan a rendir.
