Hace unos días, tuve un encuentro en Chihuahua con las integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. El punto inicial de reunión fue la Cruz de Clavos que está frente al Palacio del Gobierno del Estado. Esta es la segunda cruz que colocan porque la primera, que era más pequeña, fue retirada. La consigna de las luchadoras sociales fue: “cada vez que quiten la cruz, vamos a poner otra más grande”. Y ahí ha permanecido por al menos 22 años ya. Hay otro antimonumento semejante en el puente fronterizo de Santa Fe en Ciudad Juárez.
En esta plaza, en el centro de la ciudad, realizaba sus protestas Marisela Escobedo en la búsqueda incansable de justicia para su hija Rubí. Ahí, frente al edificio de gobierno, tenía la esperanza de que su voz se magnificara y que sus pasos fueran acompañados por muchas otras personas. Cruzando la calle, fue asesinada. En la acera está la placa que consigna su muerte el 16 de diciembre de 2010. La placa también había sido removida, me cuentan, hasta que, en una de las caravanas encabezadas por Javier Sicilia, dijo: quien quite la placa es porque fue el asesino. Y nadie ha intentado removerla de nuevo.
El encuentro con las mujeres fue estremecedor. Me comentaron que la cruz significa el martirio y cada clavo el dolor de las familias. Al inicio había nombres, hoy ya no caben. En la parte de atrás están pegadas varias hojas de búsqueda, algunas ya dañadas por el sol y la lluvia. Rostros que se han ido desvaneciendo. Marisela Escobedo tiene un espacio propio. Viene la fecha en que fue brutal e impunemente asesinada con la leyenda: “Murió sin acariciar el rostro de la justicia. Su presencia continúa vigente. La exigencia de justicia es compromiso de quienes compartimos su lucha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Hay también una placa en honor de Ernesto Rábago Martínez, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Otra recuerda a Manuelita Solís Contreras y a Ismael Solorio Urrutia quienes lucharon, de acuerdo con lo que se consigna “por el derecho al agua y contra la violencia minera canadiense Mag Silver”. Ellos fueron asesinados en 2012. Lo acompaña Julián Carrillo Martínez quien defendió el bosque Coloradas de la Virgen. También está Pamela Portillo Hernández, víctima de desaparición forzada por elementos del centro de inteligencia policíaca del Estado y elementos del ejército mexicano. Los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados dentro de su iglesia el 20 de junio del 2022 en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara. En la plaza también se les rinde tributo.
Las integrantes del Centro me pusieron al tanto de su lucha y del panorama por venir. Me compartieron su preocupación al notar que no están teniendo un natural relevo generacional entre sus integrantes. Ellas llevan ahí décadas desde que iniciaron los feminicidios y desapariciones en Ciudad Juárez. Se sienten satisfechas con lo logrado hasta ahora en el plano jurídico. Muchos cambios positivos se dieron a partir de que Juárez fue un referente mundial. Sin embargo, la violencia no cesa, las desapariciones continúan y defender derechos humanos es una actividad de altísimo riesgo. Las mujeres constructoras de paz dan esperanza. En vez de verlas como contraparte de los gobiernos, sumar sus potencialidades podría ser una pieza clave para detonar el cambio estructural que seguimos necesitando.
Catedrática de la UNAM
@leticia_bonifaz
