Iniciamos el 2023 muy ajetreado en términos noticias y por eso quiero rescatar dos que pasaron un poco desapercibidas. Se trata, en primer lugar, de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 10 de enero, del Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada en Washington el 15 de junio del 2015. Fue una espera de casi ocho años pero, finalmente, el instrumento fue ratificado. ¡Bien por las gestiones de la cancillería!

En segundo lugar, en esa misma fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a través de su presidenta Nashieli Ramírez, emitió la Recomendación 01/2023 dirigida a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este instrumento es muy importante porque pone de manifiesto las fallas institucionales que se han dado en la Procuraduría capitalina con motivo de la investigación de casos de violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Es una buena noticia porque a partir de aquí, con la recomendación y un ejercicio de autocrítica profunda, la Procuraduría Capitalina puede marcar la diferencia en la investigación de dos delitos que afectan directamente a las mujeres y en los que ha habido omisiones, deficiencias, dilación, inadecuada valoración de pruebas, investigación sin análisis de contexto y perspectiva de género, falta o insuficiencia de medidas de protección frente a víctimas directas e indirectas, revictimización al haber detectado elementos tendientes a estigmatizar o culpar a las víctimas así como violencia institucional en cuanto al trato a las víctimas durante la investigación. Se identificó también ausencia o deficiencia en la atención a las víctimas en materia psicológica o médica.

La recomendación se da a partir del análisis de cinco expedientes de queja sobre sucesos que fueron denunciados en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y Benito Juárez entre 2016 y 2020. En la Recomendación se menciona a 9 víctimas directas, todas mujeres, y a 7 víctimas indirectas.

Los derechos humanos violados son: el derecho de acceso a la justicia en relación con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, por un lado, y el derecho al debido proceso en relación con el derecho a una vida libre de violencia de las víctimas de violencia familiar y/o tentativa de feminicidio.

En más de 100 páginas, la Comisión va exponiendo punto por punto las deficiencias encontradas y recomienda medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión; reparación integral del daño, así como medidas de satisfacción y de no repetición.

Se fijan plazos y acciones concretas que podrán irse instrumentando muy pronto. Yo no dudo que habrá voluntad para hacerlo.

Mueve al optimismo leer un documento tan exhaustivo, preciso, contundente y bien fundado que puede marcar un antes y un después en la investigación de estos delitos que han constituido un flagelo para las mujeres en la capital y en todo el país.

Hace tiempo que desde la sociedad civil y la academia se viene exigiendo otra manera de enfrentar estos temas para que los resultados sean distintos. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene la gran oportunidad de superar viejos vicios y de que su trabajo impacte positivamente en quienes habitan esta ciudad, pero también como nuevo modelo de atención para otras fiscalías del país. Son buenas noticias.

Catedrática de la UNAM
@leticia_bonifaz


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