Está por terminar el periodo de cuatro años para el que fui electa como experta independiente en el Comité CEDAW de las Naciones Unidas. En este periodo pude aportar mi visión latinoamericana en la adopción de dos Recomendaciones Generales: la 39 sobre derechos de las mujeres y niñas indígenas aprobada en 2022 y la 40 sobre participación de las mujeres en la toma de decisiones que se aprobará la semana próxima.
En estos años, me tocó ser relatora de Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Brasil. Asimismo, pude ser parte del grupo de trabajo para Panamá, Guatemala, Uruguay, Chile y Cuba. La región comparte situaciones comunes. La violencia contra las mujeres por ejemplo y la discriminación a indígenas y afrodescendientes.
En la participación política de las mujeres es en donde la región tiene mejores números. También se ven avances importantes en cuanto al empoderamiento económico de las mujeres, situación que es fundamental para el ejercicio del resto de los derechos.
En toda la región los países presentan avances y retrocesos dependiendo del sello que ponen quienes en su momento gobiernen. En Brasil se tomó la agenda de los derechos de las mujeres con Lula y Dilma, se dieron retrocesos con Bolsonaro y nuevos avances con el regreso de Lula. Uruguay sería la excepción porque los últimos cambios de gobierno no implicaron retrocesos. Chile presentó grandes avances. Esto se debe en parte al impulso que dio Michelle Bachelet en sus dos periodos como Presidenta.
Los derechos civiles y políticos son generalmente garantizados en los países de la región, en contraste, los Estados tienen problemas para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales porque implican recursos del Estado que no siempre están disponibles.
El que seamos la región más desigual del planeta afecta a derechos como a la salud, a la educación y el acceso a la justicia. No hemos logrado reducir las brechas de desigualdad en el trabajo. Esto se agravó durante la pandemia en donde, además, quedó claro que son muchas más mujeres que hombres las que trabajan en la informalidad. Asimismo, muchos de los derechos que sí se pueden ejercer en las zonas urbanas no son accesibles para las zonas rurales o remotas.
Una cuestión que es clara en América Latina es que hay un abismo entre lo que se establece en la ley y los derechos que realmente se pueden ejercer y garantizar; por ello, en todas las revisiones que se hacen, el Comité ha estimado que no son suficientes las referencias a medidas legislativas como avance sino cambios medibles.
Con la revisión que hace la CEDAW a cada país, se logran identificar los puntos en donde son necesarios mayores recursos o acciones específicas.
A México le tocará su evaluación el próximo año. El último informe se presentó en 2018. Serán algunas de mis actuales compañeras a quienes les toque hacer la revisión correspondiente. Junto a los grandes avances como la paridad en todo estarán, desafortunadamente, cuestiones tan graves como los feminicidios y las desapariciones. Los números en este rubro con respecto al resto de América Latina siguen siendo alarmantes.
Le entrego la estafeta a una chilena, Patsilí Toledo. Es ella quien, junto a Yamila González Ferrer de Cuba, se ocuparán, a partir de enero, de los asuntos relacionados con América Latina. Muchos temas en la agenda aún.
Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz