Estuve el pasado fin de semana en Tuxtla Gutiérrez y pude observar una amplia campaña encaminada a que las mujeres alcen la voz, esto es, a que se atrevan a denunciar los delitos de los que son víctimas. Toda campaña para el acceso a la justicia es bienvenida, sin embargo, antes de conminar a las mujeres a alzar la voz, sería necesario tener en consideración lo siguiente:
1.- Las mujeres víctimas de violencia doméstica o de otro tipo si no alzan la voz, no es porque no quieran, sino porque sienten vergüenza, culpa o miedo. Tienen desconfianza en las autoridades porque saben que es altamente probable que sean discriminadas, que sus declaraciones sean puestas en entredicho, que se enfrenten con el agresor en alguna etapa del proceso, que los agresores no sean sancionados, todo, dentro de un proceso de largo desgaste emocional. Tienen miedo a la revictimización y al estigma.
Tratándose de mujeres indígenas, la cuestión es aún más grave no sólo por el miedo a ser discriminadas por su condición de indígenas, su situación de pobreza o su nivel educativo. Es probable que no encuentren intérpretes y que los procesos no tengan pertinencia intercultural. Tratándose de mujeres con discapacidad, no están seguras de si van a encontrar los ajustes razonables que atiendan al tipo de discapacidad que presenten. En el caso de las niñas y adolescentes, las condiciones pueden ser todavía más adversas porque la falta de credibilidad es mayor y las instituciones son aún más hostiles para ellas.
2.- Las mujeres no saben si van a encontrar acompañamiento familiar, comunitario o institucional. Si alzan la voz, posiblemente se queden solas en su proceso. Esto es más grave cuando tienen una dependencia emocional respecto del agresor, o cuando las familias piensan que el silencio es mejor para evitar un conflicto que, paradójicamente, se perpetúa.
3.- Las mujeres no siempre cuentan con los medios económicos para sobrellevar un proceso; a veces tienen que transportarse desde lugares periféricos, rurales o remotos y cubrir costos extraordinarios, aunque el acceso a la justicia sea gratuito.
4.- Tienen temor de lo que pueda pasar con sus hijos e hijas. Saben que puede haber represalias contra ellos o que los desatiendan si encuentran refugio sólo para ellas.
5.- Pueden encontrar inicialmente acompañamiento institucional con asesoría jurídica, atención psicológica o atención médica, pero no siempre este acompañamiento es sostenido, oportuno y eficaz.
La alternativa no es que las mujeres se queden calladas, sino que paralelamente a la invitación a que alcen la voz, se realicen las mejoras institucionales para que haya confianza. Ninguna mujer debería sentir vergüenza por sufrir violencia, pero la siente. Ninguna mujer debería sentirse culpable de ser víctima, pero así se siente o la hacen sentir. La cuestionan incluso sobre qué hizo para merecer los golpes o las vejaciones. Si ya existe una desventaja física o económica al interior de la familia, en los procesos judiciales no se compensa la asimetría.
Los cambios culturales caminan lento y la violencia no cesa. La política pública no puede centrarse sólo en ellas, sin considerar las múltiples razones de su silencio. También se debe poner el foco en quienes usualmente sí alzan la voz, gritan, humillan, ofenden, golpean, abusan, violan o matan. Las políticas de prevención tienen que mirar también a quienes les impiden alzar la voz.
Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz