La frase de “Primero los pobres” parece haberse transformado, en la práctica, en un enfoque punitivo hacia los sectores más vulnerables del país. El pasado 31 de diciembre, mientras muchos nos preparábamos para recibir el 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo delitos como la extorsión y aquellos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Pero este decreto también introduce elementos profundamente preocupantes.
La prisión preventiva oficiosa: una medida ineficaz y contraproducente
Está ampliamente documentado, mediante ensayos, informes e investigaciones, que la prisión preventiva oficiosa no reduce la incidencia delictiva ni mejora la seguridad pública. Esta medida, diseñada para evitar la fuga del imputado y proteger a las víctimas y testigos, se ha convertido en un mecanismo de criminalización desproporcionado hacia los sectores más precarizados de la sociedad. Además, la prisión preventiva tiene dos modalidades: la oficiosa y la justificada. Mientras que la segunda permite un análisis caso por caso, la primera se impone de manera automática, eliminando cualquier posibilidad de debate o interpretación judicial.
En el sistema penal anterior, todos los delitos podían implicar prisión preventiva hasta que se pagara una caución, dependiendo de la gravedad del delito y la discreción de las autoridades. Sin embargo, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se creó un catálogo delimitado de delitos considerados “graves” que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta categorización es problemática, pues la gravedad de un delito no debería medirse únicamente por el impacto social percibido, sino también por el daño real a las personas afectadas.
Un catálogo en expansión: ¿derechos o represión?
En los últimos dos sexenios, bajo un gobierno que se autodenomina de izquierda, en lugar de repensar o reducir esta medida, se ha optado por ampliar su alcance. El reciente decreto no solo incluye nuevos delitos en el catálogo, sino que introduce conceptos ambiguos y peligrosos, como aquellos que afectan el “libre desarrollo de la personalidad”.
Les invito a que consulten su código penal de confianza y busquen la frase “libre desarrollo de la personalidad”. Notarán que esta abarca numerosos delitos. Por ejemplo, en el Código Penal Federal incluye la apología del delito, un tipo penal que ha sido usado recurrentemente para criminalizar manifestaciones culturales como la música o el arte.
Lo más alarmante es que el decreto prohíbe a los jueces realizar interpretaciones legales, obligándolos a aplicar la norma de manera estrictamente literal. Esto abre la puerta a que prácticamente cualquier delito que, bajo esta ambigüedad, se considere una afectación al libre desarrollo de la personalidad pueda justificar la prisión preventiva oficiosa, debilitando gravemente los derechos fundamentales y dejando espacio para abusos y arbitrariedades.
El impacto desproporcionado en las mujeres y sectores vulnerables
La prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas racializadas y sectores en situación de pobreza. Según datos del INEGI, muchas personas en prisión preventiva son el sustento principal de sus hogares. En el caso de las mujeres, esta situación agrava la falta de redes de apoyo para el cuidado de sus hijos, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
Además, gran parte de las personas en esta situación reportaron haber sido víctimas de tortura durante su detención, no haber sido informadas de sus derechos y carecer de una defensa adecuada. Este contexto genera un cuello de botella en el sistema penal, exacerbado por una reforma judicial que pone en manos de operadores inexpertos el análisis de casos y la toma de decisiones fundamentales.
Una receta para la impunidad y la violencia estatal
Las fiscalías y las policías siguen siendo ignoradas en términos de capacitación y recursos, perpetuando un sistema ineficiente y carente de justicia. La combinación de un catálogo de delitos cada vez más amplio, un sistema judicial debilitado y la imposición de medidas punitivas indiscriminadas resulta en un entorno propicio para la impunidad y la violencia estatal legitimada.
Aunque todavía falta que el Congreso y las legislaturas locales, en el plazo de un año, ajusten las leyes para implementar esta reforma, el gobierno actual, que proclama priorizar a los sectores más vulnerables, ha desplegado políticas que, en la práctica, los condenan a mayor precariedad, criminalización y exclusión. “Primero los pobres”, pero ahora, en la cárcel.
