El abandono de un recién nacido en Tultitlán, Estado de México, es un caso que evidencia dos fallas graves en nuestro sistema de justicia penal: por un lado, la burocracia excesiva en la investigación de delitos y, por otro, la persistente criminalización del aborto, a pesar de los avances legislativos en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Para quienes aún no han escuchado sobre este caso, ocurrió esta misma semana: un recién nacido fue encontrado abandonado en las calles de Tultitlán. Poco después, se difundió un video que permitió identificar parcialmente a la persona responsable y, más tarde, su nombre se hizo público cuando su propia madre lo presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México.
Hasta ahora, lo que se ha filtrado a los medios indica que este joven, Lucio, se encuentra formalmente detenido en la Fiscalía del Estado de México, mientras que Diana, la presunta madre del bebé, sigue bajo investigación. Este caso nos lleva a un tema crucial: la enorme burocracia e ineficacia en la coordinación entre fiscalías.
A pesar de lo que podríamos pensar, las fiscalías estatales no colaboran de manera eficiente, ni siquiera cuando pertenecen a estados colindantes. La madre de Lucio lo llevó a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero la reacción de las autoridades fue de incertidumbre: no sabían qué hacer con él. Aunque ya existía una carpeta de investigación en el Estado de México, no tenían acceso inmediato a la información. Esto se debe a que en México no existe un sistema nacional eficiente de intercambio de datos entre fiscalías.
El caos burocrático continuó. Al no haberse iniciado la carpeta en la Ciudad de México, no se habían solicitado actos de investigación que permitieran proceder ahí. Como resultado, Lucio pasó horas detenido en la Fiscalía capitalina sin que las autoridades supieran si debían liberarlo o trasladarlo. Finalmente, fue enviado a la Fiscalía del Estado de México en calidad de “presentado”, una figura que, paradójicamente, ni siquiera está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras escribo esta columna, Lucio sigue detenido y se espera que su carpeta de investigación sea judicializada.
Este caso expone de manera contundente cómo la falta de coordinación entre fiscalías y la ausencia de un sistema nacional de recolección de datos afectan el acceso a la justicia. Mientras aún “libramos” una batalla legal sobre la votación extraordinaria de personas juzgadoras, los problemas reales del sistema siguen sin resolverse. La impunidad persiste, las fallas en la investigación continúan, y lo más preocupante es que estos problemas seguirán existiendo incluso después de cualquier reforma judicial.
No es aceptable que en 2025 aún no tengamos una coordinación efectiva entre fiscalías de estados vecinos. No es aceptable que no exista un mecanismo inmediato de acceso a carpetas de investigación. Y, peor aún, no es aceptable que las autoridades sigan sin claridad sobre cómo proceder en casos que involucran la libertad de una persona. Porque, si bien es cierto que no se debía detener a Lucio sin corroborar la existencia de una investigación en su contra, la falta de información y de protocolos claros ha demostrado, una vez más, el colapso del sistema.
La criminalización del aborto sigue costando proyectos de vidas
Más allá del problema burocrático, este caso también pone en evidencia una realidad que se ha discutido hasta el cansancio pero que sigue sin resolverse: la criminalización del aborto.
No sabemos con certeza qué llevó a Diana y Lucio a continuar con el embarazo. No conocemos su contexto, sus razones ni las circunstancias que los orillaron a esta situación. Pero lo que sí sabemos es que los mensajes filtrados a la prensa reflejan desesperación y una absoluta falta de opciones. Y aquí entra otro problema: la manera en que los medios han manejado el caso. Su interés no ha sido la justicia, sino el morbo.
Cabe señalar un punto fundamental: el Estado de México despenalizó el aborto hace apenas dos meses, en noviembre de 2024. Si hacemos cuentas, Diana aún estaba embarazada cuando esto sucedió. Es decir, durante todo el tiempo que duró su embarazo el año pasado, la interrupción legal del embarazo no estaba disponible en el estado donde ella reside.
Esto también debería formar parte de la conversación. Si bien sus acciones no son adecuadas ni justificables en lo más mínimo, lo cierto es que cuando enfrentó su embarazo no deseado, el Estado de México aún no garantizaba el acceso al aborto legal. Y aunque alguien pudiera argumentar que tenía la opción de viajar a la Ciudad de México u otra entidad donde el aborto ya era legal, eso implica costos adicionales, traslados y permisos laborales que muchas personas simplemente no pueden obtener o justificar.
La maternidad no deseada no debería ser una condena. La maternidad implica responsabilidades y condiciones que no siempre están garantizadas. Sin embargo, el Estado no solo impone obstáculos estructurales para quienes necesitan interrumpir un embarazo, sino que además criminaliza a quienes no cumplen con la maternidad en los términos esperados.
Aunque el Estado de México ha dado un paso adelante en la despenalización del aborto, la realidad es que la existencia de restricciones basadas en el número de semanas de gestación sigue siendo un obstáculo para muchas mujeres y personas gestantes. Estas limitaciones impiden el ejercicio pleno de la autonomía reproductiva, pues en muchas ocasiones las personas no pueden acceder a los servicios de interrupción del embarazo debido a barreras económicas, sociales y burocráticas que van más allá de su voluntad personal.
El caso de Tultitlán ha generado indignación por la suerte del recién nacido, pero debería servir también para abrir la conversación sobre el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Si realmente nos preocupan las infancias y adolescencias, también deberíamos preocuparnos por garantizar que nadie sea forzado a la maternidad. Y si realmente queremos mejorar nuestro sistema de justicia, deberíamos empezar por cuestionar qué están haciendo (o dejando de hacer) las fiscalías para garantizar que la justicia funcione.
