En la temporada 16, capítulo 14 de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, titulado Intimidation Game, se aborda un caso inspirado en hechos reales: el escándalo del GamerGate, una campaña de acoso misógino ocurrida en 2014 en la comunidad gamer. La historia sigue a una joven desarrolladora de videojuegos que, poco antes del lanzamiento de un videojuego protagonizado por una mujer, comienza a recibir amenazas de muerte, acoso sexual en línea y campañas de desprestigio por parte de hombres que consideran que su trabajo “feminiza” los videojuegos.
Este capítulo no solo presenta el intento de protección a la víctima, sino que también coloca en el centro el debate el uso del derecho penal sobre el ciberacoso, la misoginia digital y el impacto real que puede tener la violencia en línea: amenazas que escalan hasta secuestro y tortura. El capítulo denuncia también la indiferencia institucional, la desconfianza en las autoridades y el machismo estructural en el sistema de justicia penal.
Me gustaría pensar que casos como ese dieron origen al delito de “ciberasedio” del código penal del estado de Puebla. Pero no fue así.
La ley “censura” y los errores legislativos
En lugar de legislar desde el conocimiento, la experiencia de las víctimas y la especialización técnica, en Puebla se impulsó una ley profundamente deficiente. Como se ha señalado ya en distintos espacios, esta legislación no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que fue redactada sin tomar en cuenta a activistas, defensoras de derechos digitales o especialistas. Y sobre todo: no pone en el centro a las víctimas ni a sus necesidades.
Yo misma he vivido en carne propia la violencia digital: campañas de difamación, uso no consentido de mi imagen, mentiras que circulan como si fueran verdades. Y aunque eso es doloroso, no creo que crear tipos penales mal redactados sea una solución. Peor aún: esos mismos tipos penales pueden volverse en mi contra si algún día decido defenderme de las agresiones. Porque cuando una ley está mal hecha, no protege: criminaliza.
Entre reformas judiciales, jueces sin rostro y simulaciones de izquierda
En este contexto, me preocupa profundamente el rumbo que está tomando el llamado “proyecto de nación de izquierda” en México. La tan discutida “telenovela” de la reforma judicial no solo amenaza la independencia del Poder Judicial (como se ha dicho hasta el cansancio): amenaza también el sentido de justicia de quienes lo integran.
En el último proceso de elección de juzgadores federales, vimos cómo personas sin carrera judicial ni experiencia en materia penal o constitucional obtuvieron cargos clave. Un ejemplo alarmante: un juez federal con trayectoria perdió su lugar ante una persona que nunca ha litigado, que no proviene del Poder Judicial y que trabaja en el área jurídica del Ejecutivo. ¿Qué tipo de justicia nos espera con perfiles así?
O tomemos el caso de la ministra Lenia Batres, quien esta semana se ausentó de una sesión clave de la segunda sala de la SCJN, y lo presumió como un acto político. Esa acción podría ser aceptable si aún fuera legisladora, pero no lo es en quien tiene la responsabilidad de resolver jurídicamente los asuntos más importantes del país. La ministra no fue a defender su voto, ni a debatir, ni a argumentar jurídicamente. Solo se ausentó. ¿Eso es “administrar justicia para el pueblo”?
¿Qué justicia puede haber sin libertad de expresión ni jueces visibles?
Nos enfrentamos a una justicia donde se legisla sin técnica, donde los delitos relacionados con libertad de expresión pueden ser utilizados para silenciar, no para garantizar. Donde la figura de los jueces sin rostro –lejos de representar una medida de seguridad– vulnera el debido proceso, despersonaliza la justicia y crea un abismo entre las víctimas y quienes juzgan.
¿De verdad alguien puede creer que eso es un avance democrático?
Porque si estar en contra de este modelo de justicia, de esta mal llamada izquierda que promueve la prisión preventiva oficiosa, militariza la seguridad pública y elige jueces sin experiencia, me convierte en opositora… entonces sí: soy opositora. Porque no comparto un proyecto que normaliza que la Guardia Nacional –ahora parte de la SEDENA– realice tareas de seguridad pública, cuando sabemos que, históricamente, en la mayoría de los casos ante la Corte Interamericana donde nuestro país ha sido llevado, el común denominador de las violaciones a derechos humanos son las fuerzas armadas en las calles.
El proyecto de izquierda del país, para mí, significa defender la libertad, el debido proceso, la independencia judicial, y una legislación que no sea un simulacro de protección, sino una verdadera garantía de justicia y actualmente eso no se encuentra presente.
