Nos despertamos con la noticia de las múltiples extradiciones que el gobierno mexicano llevó a cabo hacia Estados Unidos. Entre los nombres más conocidos está Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, y otras figuras del crimen organizado. La decisión generó un sinfín de reacciones y análisis políticos, pero más allá de las lecturas diplomáticas y estratégicas, hay una pregunta fundamental que parece quedar fuera del debate: ¿qué pasa con la justicia para las víctimas en México? ¿Cómo funciona una extradición en México? Extraditar a alguien no es tan sencillo como subirlo a un avión y entregarlo a otro país. Es un proceso legal con reglas específicas que México debe seguir. Para empezar, de acuerdo a la ley de extradición internacional, la extradición ocurre cuando un país le pide a otro que le entregue a una persona acusada o condenada por un delito. México solo concede estas solicitudes si se cumplen ciertos requisitos:
● El delito debe existir en ambos países. No pueden pedir la extradición por algo que en México no es ilegal.
● En el caso de delitos como homicidio o los relacionados con narcotráfico, la pena debe ser de al menos un año de prisión en ambos países.
● El delito no debe haber prescrito. Si ya pasó el tiempo límite para castigar el crimen, la extradición no procede.
● No puede haber persecución política. México no extradita si la persona podría ser condenada a pena de muerte, tortura o desaparecer forzadamente.
● Los delitos militares no aplican. Si el crimen es del fuero militar, la extradición no se concede.
¿Cómo empieza el proceso?
Existen dos formas en las que un país puede pedir la extradición de alguien:
1. Solicitud formal. Un país envía los documentos oficiales a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que revisa si la solicitud cumple con la ley y los tratados internacionales.
2. Detención provisional. Si el país solicitante teme que la persona pueda fugarse antes de que llegue la solicitud formal, pide su detención inmediata. En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) actúa rápido, pero si en dos meses no llega la solicitud oficial, la persona queda en libertad.
¿Y luego qué pasa?
● Un juez revisa el caso y escucha los argumentos de la persona extraditable. Solo puede oponerse si la solicitud no cumple los requisitos o si dice que hay una confusión de identidad.
● El juez emite una opinión sobre si la extradición debe proceder o no, pero la decisión final la toma la SRE, considerando también aspectos políticos y diplomáticos.
● Si la extradición se aprueba, la FGR entrega a la persona en un aeropuerto o frontera al país que la pidió.
● Sin embargo, la persona extraditada aún puede meter un amparo para frenar su entrega. Si el amparo se concede, la extradición se suspende; si no, se ejecuta.
¿Y las víctimas?
Si bien es cierto que en Estados Unidos algunas de estas personas enfrentarán procesos legales que muchos consideran “rigurosos”, en gran parte debido a las altas penas y las condiciones de sus prisiones, que han sido señaladas por violaciones a los derechos humanos, la pregunta clave sigue en el aire: ¿qué pasa con la justicia en México? Más allá de la severidad de sus sentencias en otro país, los delitos que cometieron en nuestro territorio quedan, en muchos casos, sin resolución. Podrán recibir una condena, pero la justicia real, aquella que implica verdad y reparación para las víctimas, sigue sin alcanzarse. Seguramente se insistirá en que estas extradiciones son un paso para reducir la violencia en el país. Pero la realidad es que el crimen organizado no desaparece con la entrega de un capo. Las estructuras criminales siguen operando, la violencia se mantiene y las víctimas mexicanas continúan sin respuestas ni garantías de justicia. Hoy, como en otros casos, la justicia parece quedar atrapada en los límites de la geopolítica y la diplomacia. Pero más allá de la cooperación internacional, urge cuestionarnos si el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación es realmente una prioridad para el Estado mexicano o si, una vez más, queda relegado a la última fila en el tablero de las decisiones políticas.
