¿Qué tienen en común el conflicto entre Maryfer Centeno y Mister Doctor, y la película Emilia Pérez? Ambos casos exponen la tendencia en México hacia la caricaturización y espectacularización del acceso a la justicia, trivializando problemas profundos y estructurales en el sistema de justicia.
En el conflicto entre Centeno y Mister Doctor, se han generado preocupaciones serias sobre la rapidez conveniente con la que se integran investigaciones y acusaciones, instrumentalizando los feminismo como bandera. Sin embargo, lo que realmente destaca es el uso de la grafología como herramienta probatoria en procesos familiares ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a pesar de que esta práctica carece de cualquier sustento científico. La implementación de esta pseudociencia resulta especialmente alarmante en casos de violencia, donde los agresores utilizan estas pruebas no solo para seguir violentando a las madres, sino también para reforzar estereotipos dañinos sobre el cuidado. Estas prácticas no solo afectan la legitimidad de los procesos judiciales, sino que también agravan las desigualdades de género y perpetúan la revictimización de las mujeres dentro del sistema de justicia.
Por otro lado, Emilia Pérez, y miren, yo no soy crítica de cine, así que no entraré en si las actuaciones son buenas o malas, porque no soy experta en ese ámbito. Sin embargo, en derecho penal sí, y aquí es donde debo señalar algo importante: la representación del sistema legal en la película es una visión simplificada y errónea de los procesos legales en México.
En una escena clave, la abogada interpretada por Zoe Saldaña conduce un juicio que claramente se basa en un modelo influenciado por el sistema judicial estadounidense, ignorando la realidad del sistema penal acusatorio que lleva casi 10 años de implementación en nuestro país. Este tipo de representación no solo es inexacta, sino que también perpetúa una percepción equivocada de que los procedimientos legales en México son ineficaces o arcaicos.
El problema no radica en un sistema "mal diseñado" sino en los desafíos estructurales que enfrenta: desde la falta de recursos tecnológicos y humanos hasta la sobrecarga de trabajo en las fiscalías. Estos factores dificultan la investigación y la socialización de procesos esenciales como la denuncia, especialmente en casos complejos como los de desaparición o homicidio. La representación distorsionada de este sistema en una producción cinematográfica de gran alcance es preocupante, ya que refuerza estereotipos y desinforma a la audiencia sobre la realidad de la justicia en México..
Además, el reciente informe de Impunidad Cero sobre la transformación digital de las fiscalías revela cómo las desigualdades geográficas, presupuestarias y tecnológicas siguen profundizando la crisis en el acceso a la justicia. Solo 19 de las 32 fiscalías en México cuentan con plataformas de denuncia en línea, dejando atrás a estados como Campeche, Guerrero y Veracruz. Aunque algunas entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua muestran avances importantes en la digitalización, aún queda mucho por hacer para garantizar que el sistema judicial sea accesible y efectivo para todos.
En este contexto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad urgente de fortalecer la infraestructura tecnológica y de socializar los mecanismos de denuncia de manera continua, no solo como respuesta a emergencias como la pandemia de COVID-19. La transformación digital debe ser vista como una herramienta clave para reducir la impunidad y cerrar las brechas de acceso a la justicia, particularmente para las mujeres que enfrentan obstáculos significativos al intentar denunciar la violencia.
Más allá de los influencers o las representaciones cinematográficas, estos casos subrayan la urgencia de construir narrativas responsables que reflejen la complejidad de la justicia y la realidad social mexicana. Es fundamental evitar las simplificaciones que perpetúan estereotipos y trivializan problemas tan serios como la violencia, el acceso a la justicia y la representación del sistema judicial mexicano. La justicia debe ser entendida y vivida de manera profunda, no reducida a un espectáculo.
