¿El gobierno va a espiar lo migajera que eres? ¿Se va a enterar de cuántas veces has visto La Rosa de Guadalupe, de los memes que te hacen reír o de tus búsquedas nocturnas en YouTube? Aunque la pregunta suene absurda, lo que está en juego con las reformas recientes a la Guardia Nacional y a la nueva ley en materia de seguridad e inteligencia no tiene nada de gracioso.
Más allá del anecdotario digital, lo realmente preocupante es que estas reformas abren la puerta a que el debido proceso, la privacidad y las garantías judiciales empiecen a diluirse en nombre de una “seguridad” sin contrapesos.
Una nueva ley de inteligencia... sin frenos judiciales
La iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, presentada por la presidenta, propone una medida alarmante: la interconexión de bases de datos públicas y privadas, sin necesidad de orden judicial. Es decir, las autoridades podrían acceder a registros telefónicos, fiscales, vehiculares y más… sin que te enteres. Porque, claro, es “inteligencia”.
Además, se crea una Plataforma Central de Inteligencia, a la que podría acceder la Guardia Nacional sin restricciones. Y ahí comienza el verdadero problema: no solo se oficializa su carácter militar mediante la nueva ley, sino que ahora tendría poder de vigilancia e investigación sin controles civiles.
¿Y la geolocalización? El elefante en la sala
La iniciativa tampoco corrige los defectos de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014 (impuesta por el PRIAN, vale recordar). No establece con claridad que se requiere una orden judicial federal para acceder a datos conservados —como registros de llamadas, duración, ubicación— o a la geolocalización en tiempo real.
El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que solo el Ministerio Público puede solicitar este tipo de información, y siempre ante autorización de un juez. Además, debe justificar:
- Qué línea está relacionada con los hechos investigados
- Por qué es necesaria la medida
- Cuánto tiempo durará
- Qué empresa provee el servicio
El juez debe resolver de inmediato. Si la solicitud es rechazada, el MP puede corregir o apelar, y la apelación debe resolverse en un máximo de 12 horas.
Solo en casos excepcionales —secuestro, extorsión, riesgo de vida o delincuencia organizada— el MP puede ordenar estas medidas sin autorización previa, pero está obligado a informar al juez en un plazo no mayor a 48 horas. Si el juez no ratifica la medida, la información obtenida no puede usarse como prueba. Y lo más importante: los datos que no sirvan para el proceso deben destruirse. No se guardan, no se almacenan.
No es miedo. Es memoria.
Hasta hoy, las solicitudes de este tipo de datos se realizan exclusivamente por autoridades civiles: ministerios públicos, policías de investigación, jueces de control. No por la Sedena. No por la Guardia Nacional.
Estas iniciativas no solo consolidan el carácter militar de la Guardia Nacional, sino que le entregan la llave de nuestros datos más íntimos, sin candados institucionales ni garantías democráticas.
Resulta igualmente preocupante que haya quienes intenten minimizar lo que está en juego comparando la infraestructura del Estado —y particularmente de instituciones como la policía o las fuerzas armadas— con empresas como Meta o incluso con el SAT. No. No es lo mismo. En el caso de una empresa privada, existen mecanismos legales, denuncias públicas y marcos regulatorios que permiten reclamar y sancionar. Enfrentarse a un Estado que concentra datos, poder armado y funciones de vigilancia sin control judicial no es equiparable. Tampoco lo es el alcance ni el impacto de una vigilancia militarizada que se nutre de un megaproyecto de interconexión de datos entre autoridades. Esta concentración no es neutral ni inocente: pone en riesgo los derechos más básicos, y debemos decirlo con claridad.
Lo que necesitamos es más justicia con garantías, más derechos procesales, y menos poder sin límites.
Por las víctimas, por las personas más vulnerables, por la justicia.
