¿Han escuchado la frase "ánimo gente, ya pasamos lo más difícil, sigue lo traumante y luego lo canónico?, bueno pues parece describir perfectamente el momento que atraviesan las mujeres en nuestro país. Creíamos que la reforma judicial sería el clímax de los retos, pero lo verdaderamente traumático está aún por venir: la discusión sobre la militarización de la Guardia Nacional y, lo que será “canónico”, la eliminación de los órganos autónomos constitucionales.
Este debate coincide con la presentación de la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), que reveló que en 2023 el 92.9% de los delitos no fueron denunciados, un incremento de 0.5% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, la ciudadanía confía más en la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional que en las policías preventivas y los jueces, quienes tienen la percepción de confianza más baja.
En este contexto, tanto la reforma judicial, la militarización de las fuerzas de seguridad, como la desaparición de los órganos autónomos constitucionales, apuntan a un debilitamiento claro del Estado de derecho en México, afectando de manera particular a las mujeres. La discusión de la reforma propuesta por el presidente en febrero, referente a la Guardia Nacional en el congreso, no solo otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control total sobre esta, tanto en términos operativos como administrativos, sino que además permite que, bajo mando militar, participe de manera permanente en tareas que deberían estar reservadas para civiles, siempre que el Ejecutivo lo decida.
Esto es sumamente grave, pues, esta reforma abre la puerta a una militarización permanente de la seguridad y la procuración de justicia, ya que permite que la SEDENA expanda su poder político y económico al absorber los recursos materiales, financieros y humanos de la Guardia Nacional, cuyo crecimiento ha sido exponencial en este sexenio. Esto conlleva riesgos adicionales para los derechos humanos, particularmente para las mujeres.
La inclusión militar en estas funciones contradice la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 137/2022, uno de los muchos casos que tensó las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Dicha sentencia invalidó la participación de la SEDENA en el mando de la Guardia Nacional y anuló la disposición que permitía que el personal militar siguiera bajo jurisdicción militar. Sin embargo, la nueva reforma busca constitucionalizar estas medidas previamente declaradas inconstitucionales, lo que representa un serio desafío al equilibrio de poderes y a la naturaleza civil de la seguridad pública en México.
Para las mujeres, este cambio es especialmente preocupante. En los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú,ambas mujeres indígenas agredidas sexualmente por miembros del ejército, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que la violación sexual constituyó tortura. Lo más alarmante es que estos crímenes ocurrieron fuera de instalaciones estatales y en un contexto en el que las víctimas fueron además agredidas en contextos de detenciones ilegales lo que resalta la impunidad en las instituciones militares. Quizás los defensores más recalcitrantes del oficialismo ya olvidaron que estos casos son un recordatorio sombrío de los peligros de la militarización en un país donde las fuerzas armadas ya han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque la militarización afecta a toda la sociedad, las mujeres son las más vulnerables. La posibilidad de que elementos de una Guardia Nacional no civil intervengan en la procuración de justicia pone en grave peligro su seguridad y derechos. La revictimización, la falta de perspectiva de género y la impunidad son riesgos latentes en un contexto donde los militares, sin la formación adecuada en derechos humanos, podrían asumir roles clave en el sistema de justicia.
Esto, sumado a la figura opaca y altamente punitivista de los jueces sin rostro, configura un sistema que amenaza con profundizar estas problemáticas. La combinación de la reforma judicial y la expansión del poder militar en la seguridad pública crea un escenario en el que el Estado de derecho se tambalea, mientras el control militar sobre aspectos clave de la vida pública crece en detrimento de las instituciones civiles.
Este proceso no es solo una cuestión de seguridad pública, sino de derechos humanos, y en particular, de los derechos de las mujeres dentro del sistema de justicia. Si el debate sobre estas reformas no considera los impactos diferenciados de género, corremos el riesgo de retroceder en los avances logrados en la protección y garantía de los derechos de las mujeres en México. La militarización de la justicia no puede ser el "canónico" que aceptemos como mujeres.
