De acuerdo con el National Institute of Deafness and Others Communication Disorders (NIH), uno de los organismos más importantes a nivel mundial, que investiga el impacto del ruido en el ser humano, la exposición prolongada a un rango superior a los 100 decibeles provoca daños auditivos permanentes y se asocia con problemas como falta de concentración, insomnio, fatiga y estrés.
Está comprobado también que la exposición a este tipo de niveles de ruido, aumenta los factores de riesgo asociados con problemas cardíacos y problemas de presión arterial. Bueno, pues en la Ciudad de México, considerada una de las urbes más ruidosas de América Latina, la exposición a 100 decibeles es algo común.
Y es que al ser una de las ciudades más pobladas y grandes de todo el planeta, la mezcla de elementos en el ambiente que generan niveles tan altos de ruido, es un reto en materia de regulación. Autos, actividades comerciales, construcciones, industria y las propias actividades de las comunidades; suman al cúmulo de decibeles que hoy en día afectan notablemente la calidad de vida de las y los capitalinos.
Sin embargo y aunque desde hace tiempo ha habido esfuerzos para avanzar hacia la regulación del ruido ambiental, como lo son la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y la Ley de Cultura Cívica, que establecen diferentes sanciones en la materia; no hay un instrumento que armonice el trabajo de las diferentes autoridades capitalinas en este sentido, provocando que estos esfuerzos aislados se queden en buenas intenciones.
El problema de la exposición al ruido no es menor. A nivel global se estima que la Ciudad de México es la octava más ruidosa. Dentro de este contexto, los establecimientos de esparcimiento representan una de las fuentes más importantes de decibeles. De acuerdo con datos oficiales, se estiman que existen más de 30 mil unidades económicas como bares, discotecas y/o centros nocturnos; la mayoría de éstos concentrados en tres alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Derivado de lo anterior y por supuesto del contacto permanente con la ciudadanía, se llevó a cabo en días pasados el foro “Rumbo a la legislación del ruido con visión ciudadana”, en el Congreso capitalino. Esto como un parteaguas de lo que se propone sea la primera Ley de Control de Ruido en la Ciudad de México; un instrumento que tendría impacto en por lo menos seis legislaciones: Ley de Establecimientos, Ley de Cultura Cívica, Ley Ejecutiva de la Administración y las Normas Oficiales 80 y 81.
Esta iniciativa transversal, que cuenta con dos títulos, cuatro capítulos, veintiún artículos y cinco transitorios; busca garantizar la obligación de los propietarios de estos establecimientos mercantiles en materia de emisión de decibeles, horarios y zonas de ruido. Pero además, se busca robustecer la política pública de gestión del ruido con un plan estratégico de protección auditiva de la ciudad.
En una ciudad con más de 9 millones de habitantes resulta fundamental encontrar los equilibrios necesarios para garantizar una vida de calidad para todas y todos. La salud, los derechos, el progreso equitativo, la armonía económica y por supuesto, el respeto de la normatividad; es la ecuación que exige la atención y trabajo de todos.
