Hace algunos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos difundió un agresivo spot, en nuestro país, en el que se hablaba de la migración indocumentada. “Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”, decía la titular de ese departamento. El contenido discriminatorio, racial y político, de ese spot, es claro.
Lo anterior derivo en una respuesta contundente y atinada por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en un pronunciamiento público por parte de la CONAPRED, instancia que apeló al Artículo 1 de nuestra Constitución Política, que nos protege frente a los actos de discriminación y blinda los derechos humanos.
Y es que la intención de dicho spot, que por cierto fue transmitido en horario estelar durante un partido de fútbol, tiene la clara intención de provocar miedo y atenta contra la dignidad de las y los mexicanos migrantes.
La Presidenta confirmó, tras este vergonzoso mensaje, que enviaría una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones al Congreso, para que la propaganda extranjera no tenga espacio en los canales de difusión de nuestro país.
Y es que el trabajo de esos migrantes, a quienes lastimosamente la Secretaria de la DHS llama “criminales”, no sólo es fundamental para la economía de México (con un envío de aproximadamente 63 mdd por año en remesas), sino también para los sectores más importantes de la economía estadounidense como el campo y la manufactura de diferentes mercancías.
Este acontecimiento, producto de la nueva política migratoria del Presidente Trump, abrió un debate sobre la regulación de contenidos en espacios y canales de la Nación.
Y es que los alcances de este tipo de mensajes y/o de otra naturaleza, como los que difunden los grupos criminales en redes sociales, hace necesario que nos planteemos varias interrogantes sobre el funcionamiento e impacto de la comunicación en las diferentes plataformas vigentes en nuestro país.
Desde hace mucho tiempo, la Presidenta Sheinbaum puso sobre la mesa la necesidad de transformar la política pública de las telecomunicaciones y digitalizar, como ocurrió en la Ciudad de México, los procesos de administración pública para hacerlos más eficientes.
Sin embargo, en la comentocracia nacional se ha hablado, de manera errónea creo, sobre una supuesta intención de controlar (y censurar) los medios de comunicación, las redes sociales y lo que en éstos espacios se dice.
Desde el principio de su administración, es importante recordar, la titular del Ejecutivo ha demostrado su compromiso con las libertades, incluida por supuesto la de expresión y comunicación.
Entre los compromisos de campaña, por ejemplo, se estableció la democratización de los medios de comunicación y el acceso a los diferentes espectros de telecomunicaciones: radio, televisión e internet. Lo anterior para que todos los sectores de la sociedad mexicana participen abiertamente y sin restricciones, en la conversación pública y en la difusión de mensajes.
A nivel mundial, las políticas públicas en materia de telecomunicaciones han evolucionado profundamente. Lo mismo las redes sociales y los contenidos que en éstas circulan. Sin embargo, al poner sobre la mesa la palabra “regulación”, la reacción más común es una interpretación cercana a la censura.
Sin embargo, repito, tras el spot “antinmigrante” difundido profusamente en nuestro país, es necesario hacer una reinterpretación del momento que estamos viviendo, del papel de las telecomunicaciones y de los mensajes que ahí circulan con intenciones diversas.
Diputada del Congreso de la Ciudad de México
