De acuerdo con la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización, un proyecto conformado por profesores y alumnos del Tec de Monterrey, la digitalización de los procesos de gobierno es un aspecto fundamental para acabar con ese flagelo que es la corrupción.
Para las y los mexicanos, este sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación. Al menos hasta el 2021, año en que INEGI publicó su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), nueve de cada diez mexicanos percibía como muy frecuentes los actos de corrupción en los procesos administrativos de gobierno.
Ahora bien, en la Ciudad de México y como parte de la política de digitalización, de combate a la corrupción e impulso a los gobiernos transparentes, pero sobre todo de derechos ciudadanos para acceder a los trámites de gobierno, se creó la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en 2019.
A través de ésta, por ejemplo, se ha logrado reducir sustancialmente los trámites de gobierno (pasando de mas de 2 mil a menos de 750) y se han generado ahorros por más de dos mil 500 millones de pesos.
Pero lo más importante, es que esa simplificación y digitalización de trámites, que se ha extendido a casi todas las áreas de la administración local, ha cerrado paso a la corrupción, al permitir un rastreo digital de los recursos públicos y la eliminación de los mediadores político-administrativos que tradicionalmente conocíamos.
De esta manera y luego del impacto económico que tuvo la pandemia de Covid19, el gobierno de la Ciudad de México “echó mano” de la ADIP para impulsar, desde 2022, el Plan de Simplificación Administrativa para Establecimientos Mercantiles.
Con ello se planteó facilitar la apertura de un negocio en la capital, al reducir cuando menos en un cuarenta por ciento los trámites administrativos (pasando de 26 a 13), valiéndose de las herramientas digitales.
Aquí se insertó, por citar un caso, la creación de una Ventanilla Única Digital para simplificar los trámites para construcción o remodelación de establecimientos, homologando los requisitos para todas las Alcaldías.
Así pues, valiéndose de la digitalización de los procesos administrativos, el Gobierno de la Ciudad de México impulsó decididamente la reactivación económica y la recuperación de empleos, alcanzando los niveles previos a la pandemia y permitiendo a muchos emprendedores salir adelante pese a las adversas condiciones.
La creación de la ADIP, que por cierto ya ha sido replicada en otras entidades como Baja California, fue un acierto en toda la extensión de la palabra, pues además del ahorro sin precedentes de recursos humanos que representó, al eliminar espacios físicos que nos cuestan a todos los contribuyentes; ha dado pie a una nueva relación (pragmática, si se le puede decir así) entre la ciudadanía y la administración pública.
Con la ADIP y con las decisiones que han acompañado esta política de cambio, el gobierno de la CDMX se ha colocado a la vanguardia de las nuevas tendencias de gobernanza digital, al nivel de gobiernos como el Barcelona, Estonia y Luxemburgo; pioneros en la materia.
Pero también se han promovido cambios disruptivos para poner las tecnologías al servicio de la ciudadanía, democratizar el derecho de todos a un gobierno transparente y promover la inclusión digital en una era en la que todo cambia aceleradamente.
