La reforma estructural más importante que ha tenido este país fue su integración comercial a los Estados Unidos. Nada ha cambiado tanto el interés nacional mexicano como su defensa del libre comercio. La izquierda nacionalista, tan obtusamente crítica en los 90 del mecanismo, hoy celebra el instrumento. México depende hoy de su vecino más que en cualquier otro momento de su historia y por tanto defender la cadena que nos une, es la prioridad.
En seguridad estamos —probablemente— viviendo el umbral de una iniciativa Mérida 3.0. Después de dos gobiernos (Peña y AMLO) que redujeron la cooperación en esta materia, el gobierno de Sheinbaum lo hace implícitamente y ha utilizado todo su poder y el respaldo popular para abrir, en los hechos, un instrumento análogo a la Iniciativa Mérida, con la diferencia de que no fue México quien la pidió, sino que nos viene dada como un hecho consumado mediante una amenaza de aranceles.
El nuevo entendimiento no es, ni será, un tratado entre pares, sino el reconocimiento fáctico de que la principal fortaleza que hoy México puede tener para reducir el poder de las organizaciones criminales es la ayuda de Estados Unidos. El cambio de paradigma de la celosa custodia de la soberanía (como se intentó con la reforma a la ley de seguridad nacional operada en el sexenio anterior) al repliegue voluntario del ejercicio soberano para favorecer la cooperación, es evidente. Ojo, no veo nada de malo en ello. Igual que veo ventajas en la vinculación externa en materia económica (el candil que ilumina la casa) me parece que instancias binacionales de seguridad podrían dar mejores resultados para la región en su conjunto. Hay que gestionar el vecindario y para ello se necesitan esas novedades.
La presidenta ha apostado fuerte allanándose, por ejemplo, con el tema de los “traslados” que abren la posibilidad de que cualquier grupo sobre el que se tenga alguna sospecha o haya una orden de arresto, sea expulsado de México, con la misma facilidad con la que se tramitan las órdenes de arresto y búsqueda en la Unión Europea. México ha reconocido, en los hechos, que sus prisiones no son confiables y que prefiere subcontratar las americanas para que los criminales peligrosos purguen su pena allá. En ambos casos, tenemos una forma de integración fáctica que solamente un gobierno políticamente muy fuerte y sin oposición pudo haber consumado.
La forma en que el vicepresidente Vance anunció en Eagle Pass la utilización de tecnología y el intensivo programa de vigilancia (espionaje) al que está sometido México, se hace con la anuencia de nuestro gobierno y por tanto no puede interpretarse, en estricto sentido como una claudicación, pero sí como un dramático cambio de opinión sobre la cooperación en materia de seguridad con el vecino. Ironías de la vida: aquellos que criticaron masivamente la Iniciativa Mérida hoy están inaugurando una Mérida 3.0, en la que regresa la certificación unilateral; las métricas y las prioridades las establece el vecino.
La presidenta ha podido dar el volantazo con el apoyo tácito del Congreso, gobernadores y empresarios. Demuestra así que el poder es para poder. Como hace 30 años la integración comercial fue nuestra mejor ruta; la cooperación con EU en seguridad puede ser el mejor camino tras 12 años de intentar lo contrario y cosechar fracasos. Esta nueva disposición me recuerda mucho al personaje de Anthony Quinn en “Lawrence de Arabia”, en donde acaba diciendo que él se pliega a la política de los ingleses porque es su gusto, no porque se lo pidan ellos; pero para el caso es lo mismo.
Analista. @leonardocurzio