El gobierno de Sheinbaum ha completado un ciclo de reformas constitucionales. El resultado es un (casi) inexistente equilibrio de poderes y un nuevo (e incierto) mapa institucional. Ha desarticulado y partidizado al Poder Judicial y ha extinguido algunos órganos constitucionales autónomos (OCA). A otros los ha sometido a la más humillante de las derivas, como la CNDH, que insiste (en su comunicación oficial) en polemizar con Salinas de Gortari (que gobernó hace más de 30 años) y dejar de lado la grave crisis de desaparecidos y la situación de las prisiones, dos expedientes de rabiosa actualidad.
En el caso de telecomunicaciones y competencia económica, ha optado por desaparecer a los OCA y crear sendas comisiones, cuya integración depende del Ejecutivo con el beneplácito del Senado. Es verdad que en muchos países existen órganos que tutelan esas agendas sin autonomía constitucional y están encuadrados en ministerios. La diferencia, en el caso de México, es que no tenemos (con la excepción de las Fuerzas Armadas y el Servicio Exterior) una burocracia profesional, como ocurre en muchos de estos países. Una burocracia profesional, por definición, no está en el cargo por algún favor político, sino por su competencia. En México esto no ocurre de manera palmaria; la mayor parte de los cuadros superiores (no me refiero a los secretarios que, por definición, son políticos) están ahí por una cuota política. Los nuevos comisionados antimonopolios y de telecomunicaciones dependerán de un nombramiento de la presidenta. Lamentablemente no estamos en un tiempo en el que la administración pública reclute, en todos los casos, a los mejores. Es más, en muchos casos vamos en el sentido contrario. Aun en funciones técnicas como la gestión del gas o la Inteligencia Financiera la conducción no la llevan los técnicos. El criterio para reclutar a sus titulares es político. No sé si en Alemania se puede hacer algo así y si las burocracias profesionales hacen valer su molestia, como visiblemente lo hace el Servicio Exterior, cuando nombran al señor Ferrer embajador ante la Unesco. La administración pública sigue siendo (en buena parte) un botín de los ganadores y por tanto la debilidad principal de México es la calidad de sus instituciones. Una verdadera Reforma del Estado se preocuparía por resolver esto y no por concentrar más poder para nombrar a personal que les sea adicto.
Dependeremos de la virtud de la presidenta para elegir a estos comisionados y a partir de ahí determinar si el nuevo arreglo institucional dará resultados para los consumidores y los ciudadanos, o servirá para reforzar al régimen y sus inquilinos. No podemos olvidar que, en el pasado reciente, cuando los integrantes de un poder del Estado decidieron ejercer su autonomía intelectual y legal, fueron sometidos a severas represalias. Pongo un ejemplo, cuyas consecuencias seguimos pagando. AMLO y sus mayorías nombraron a Ríos Farjat, a González Alcántara y con Esquivel, Batres y la activa participación de Zaldívar (nombrado antes) y la forma en que tumbaron a Medina Mora, tuvieron la mayoría. Al no someterse algunos de ellos a los caprichos presidenciales y defender la Constitución, la respuesta fue incendiar el Poder Judicial.
Tenemos, pues, antecedentes poco alentadores:
1) Premiar a los leales por encima de su desempeño y prestigio profesional (López-Gatell).
2) La autonomía de criterio es una especie que en el nuevo mercado político no es (siempre) apreciada.
La historia la escriben los ganadores. En el balance tenemos una Presidencia muy poderosa y una historia por escribir, como si todo se preparara para la llegada del “deseado”. Toda historia requiere ser bien contada para generar entusiasmo y esperanza. Esta reforma del Estado genera incertidumbre.
Analista. @leonardocurzio