Si tuvieran buenos argumentos los desplegarían con enjundia y modales democráticos. Si tuviesen portavoces con autoridad moral para defender una reforma que socava la autonomía del Judicial, estarían tejiendo textos luminosos y debatirían en los canales de televisión en favor de la reforma de marras. Pero como nada de eso existe, es más fácil lanzar ajos y cebollas en contra de un expresidente que ya no tiene poder, pero tiene una reserva de autoridad que es la que quieren erosionar.
Lo ha dicho Zedillo, pero también la relatora de la ONU y muchos abogados prestigiados y es que la reforma no es prometedora. Me cuesta recordar algún texto de los intelectuales orgánicos (quienes proveen coartadas al gobierno) en el que, con solvencia académica y esperanza fundada, haga la apología de esta reforma mal concebida y peor instrumentada. El estribillo oficial es que va a hacer más democrático al país.
No es una página brillante del gobierno acallar la crítica de Zedillo con amenazas y comisiones de investigación. Eso denota que su talante no es persuadir ni convencer, sino avasallar. Si estuviese (el gobierno) convencido de las bondades de su reforma estaría pidiendo un voto de confianza y asegurar que la reforma va en serio, como lo fueron la electoral y la Judicial de Zedillo. Sacar un tema de hace 30 años (Fobaproa) para contrargumentar, es como si estuviese debatiendo la próxima pelea del Canelo y se esgrimieran argumentos del “Mantequilla Nápoles”.
Las cosas en política no se juzgan por sus intenciones, sino por sus resultados; el sexenio de Zedillo dio autonomía al Poder Judicial y democratizó el sistema político, o por lo menos le dio competitividad a las elecciones y autonomía al IFE. ¿Estará en condiciones Claudia Sheinbaum al final de su sexenio de decir que tenemos un país diferente en impartición de justicia y en libertades democráticas? Yo, aunque soy un optimista escarmentado, preferiría oír a la presidenta prometer eso que constatar la falta de solidez argumentativa que sólo denota la debilidad de la postura gubernamental. De momento vamos por la ruta del autoritarismo y la concentración de poder, sin que puedan demostrar que tales cosas mejoran las capacidades del gobierno de impartir justicia. Es una sangrienta paradoja que no puedan comprar medicinas o terminar dos kilómetros de tren y que al mismo tiempo intenten controlarlo todo, hasta las telecomunicaciones.
Está claro que para el gobierno las reformas institucionales son hijas de su exclusiva voluntad que, por cierto, no nace de una matriz ordenada de políticas públicas, sino que (al igual que en el vecino país) es producto de un apetito desordenado de un expresidente poco ilustrado y con un alma atormentada.
¿Cómo podrán legitimar un proceso electoral que ha tenido tantos defectos y cómo van a explicarlo, si no se da una participación mínima que provea credibilidad y base popular a la integración de un poder del Estado? El nivel de participación ciudadana será el elemento que determine si esta reforma confiere legitimidad al nuevo Poder Judicial. A estas alturas creo que lo mejor que le puede pasar a la presidenta es que una muy baja participación le permita reconstruir su baraja y mandar una reforma sólida, bien argumentada y pactada que le dé a este país un Poder Judicial digno de tal nombre.
Hay algunos que prefieren callar porque siempre es más cómodo estar con la mayoría, aunque cometa un error, que con la minoría, aunque diga la verdad. La diga Zedillo o un vecino de la Narvarte, la diga Agamenón o su porquero, la verdad es la verdad.
Analista. @leonardocurzio
