Si el gobierno de México cotizara en bolsa ya tendría varias notas admonitorias haciendo notar que su gobierno corporativo empieza a flaquear. Todas las estructuras administrativas requieren de equilibrios; elementos de control para evitar su deriva irracional y poder justificar, con un discurso racional y transparente, las decisiones que adopta. Este principio general opera para bancos y empresas, para calificadoras y estimadores de riesgo. Un banco no puede, por ejemplo, prestar dinero sin la aprobación de comités técnicos y está sujeto a una serie de reglas que se han codificado bajo el paraguas general de Basilea. En las universidades, el gobierno se ejerce a través de rectores y decanos, pero las bien gobernadas tienen cuerpos colegiados que van templando las decisiones.
En el gobierno de Sheinbaum la concentración de poder empieza a adquirir niveles contraproducentes para su propio interés. No hay gobierno moderno que no se haga acompañar de instrumentos de control y mejora constante. No hay gobierno decidido a rendir cuentas al que no le venga bien una Auditoría Superior autónoma y funcional, que como cortauñas vaya limando los apetitos de la burocracia. Es una ilusión tropical eso de que el Ejecutivo lo controla todo. Las burocracias son inderrotables y mienten a la superioridad para salvar el pellejo. Eso se sabe desde los tiempos de Hatshepsut. No hay gobierno democrático que no quiera controlar los pesos que recauda. Desde una lógica puramente administrativa, el tener órganos autónomos permite funcionar mejor, como de forma palmaria ha ocurrido con el Banco de México y el Inegi, que proveen servicios e información confiables que ayudan a una mejor gestión.
La presidenta cada vez está más sola en el pináculo del poder. Ahora tiene que integrar el Judicial si no otros se encargarán de ello en detrimento de su investidura, como ha ocurrido con la CNDH. Para su desgracia no tendrá oposición con la cual pactar, pues el PRI y el PAN han optado por liderazgos precarios y cuestionables, sin autoridad política o moral.
Es un despropósito extinguir en ese contexto los autónomos. Un Inai operativo ayuda al gobierno a ordenarse y a tener un control suplementario al que puede ejercer la Función Pública; de la misma manera un órgano de competencia económica ayuda, entre otras cosas, a que el choque con los monopolios y las grandes concentraciones (a las que, por cierto, los gobiernos de la 4T han resultado alérgicos) pueden ser descargados en el órgano autónomo sin sufrir directamente la fricción con la plutocracia o plegarse a sus intereses. ¿Qué decir de una judicatura autónoma que es el principio básico del equilibrio (hoy roto en México) por la electoralización de la función judicial? Una idea funesta que lamentaremos muchos años.
Cada día que pasa tenemos enmiendas constitucionales que tienen el aroma de la imposición. Ninguna asegura más puntos del PIB o más concordia. La única que ha logrado apoyo político y un soporte racional es la del 21 Constitucional, que reconfigura la conducción de la estrategia de seguridad. A diferencia de la inmensa mayoría de las reformas cuya utilidad es dudosa, incluida la del maltrato animal, esta concita apoyo político y esperanza de que se avance en el camino correcto.
El poder político requiere de contrapesos funcionales y técnicos. No son estorbos ni ataduras, sino anclas y pilares que le dan estabilidad y propósito. Lo que están haciendo es fragilizar al gobierno al hacerlo tan rígido como una piedra y tan vertical y opaco como el viejo presidencialismo, en vez de hacerlo flexible y bien controlado, que es lo que la moderna administración (privada y pública) exige.
Analista. @leonardocurzio