La extradición a Estados Unidos de decenas de miembros del crimen organizado mexicano, incluidos líderes históricos y figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero o los cabecillas de la sanguinaria organización conocida como Los Zetas, que hundió a regiones enteras en el más abyecto caos hace algunos años, marca un momento histórico en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en México. También representa un parteaguas en la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad.
Es evidente que la presión desde Washington ha obligado a las autoridades de nuestro país a actuar como nunca antes lo habían hecho. Ya sea por la amenaza arancelaria u otras medidas impuestas por la administración Trump, el gobierno de México ha optado por dar un golpe en la mesa sin precedentes. Esto contrasta radicalmente con la retórica del gobierno anterior y, en muchos sentidos, también con el discurso reciente de la presidenta de México.
Las consecuencias de esta decisión serán diversas. No se puede descartar una crisis de violencia como reacción, ni tampoco la posibilidad de otras medidas. El gobierno de Estados Unidos está evaluando si conviene actuar de manera unilateral contra los cárteles mexicanos en territorio mexicano, lo que representaría una escalada peligrosa con secuelas impredecibles. Sin embargo, la posibilidad está sobre la mesa.
La justicia estadounidense tendrá ahora en sus manos a líderes históricos con un profundo conocimiento de las redes delictivas y de corrupción en México. El resultado de sus pesquisas sigue en el aire y, sin duda, debe tener a más de uno temblando. Esto apenas comienza.
@LeonKrauze
