Estados Unidos ha entrado en una etapa fascinante y peligrosa.
Hace una semana, el Departamento de Justicia y el FBI decidieron proceder con el allanamiento de la lujosa residencia de Donald Trump en el sur de Florida. Es inédito. Nunca un expresidente estadounidense había sido objeto de una investigación de este calibre, mucho menos de una medida como el registro de su propiedad por agentes federales.
Pero que sea inédito no le resta legitimidad.
Contra lo que Donald Trump y sus aliados sugirieron casi de inmediato, Estados Unidos no es una república bananera. Para obtener una orden de allanamiento de esta naturaleza, la autoridad tuvo que demostrar, frente a un juez federal magistrado, la probable existencia de evidencia de un crimen en el sitio en cuestión. Si ni el FBI ni el Departamento de Justicia informaron públicamente de la acción o dieron a conocer previamente la orden de allanamiento es porque, como es obvio, ninguna de las dos autoridades acostumbra revelar información sobre una investigación en curso.
Lo que ocurrió en casa de Trump, pues, podrá ser un escándalo político, pero no debería ser un escándalo legal: la autoridad busca evidencia que le fue negada y procedió como debía proceder. En un país con instituciones, nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos por consideraciones políticas.
Ahora: eso no quiere decir que no habrá consecuencias políticas. Las habrá, y de sobra.
Para empezar, está la reacción del propio Trump, que de inmediato trató de imponer la narrativa que le conviene: la eterna víctima de un complot. No ha habido una sola voz en el partido republicano o en los medios de comunicación afines a Trump que se atreviera a contradecir esa narrativa, políticamente fértil, pero completamente falaz. No deja de ser asombroso cómo políticos que en su momento criticaron a Trump ahora se han vuelto sicofantes absolutos. El ataque contra la autoridad fue tan grande e injusto, que el fiscal general Merrick Garland t uvo que salir a defender a la institución y, en un golpe político de ajedrecista, solicitó a una corte de Florida la publicación de la orden allanamiento y el inventario.
La decisión de Garland ha puesto el tablero en una posición interesante: la cantidad de documentos que Trump guardaba quizás de manera ilegal es abrumadora. Ahora queda por ver si el Departamento de Justicia procederá contra él, y cómo.
Mientras tanto, lo que parece fortaleza de Trump podría terminar por abrir el camino a otros candidatos en el partido republicano, sobre todo si el allanamiento del lunes pasado es, en efecto, el principio de un proceso legal inédito que no sólo pondría en peligro de ir a prisión a Donald Trump, sino que lo exhibiría como negligente e indigno de la presidencia, en el menor de los casos.
Por supuesto, el otro desenlace también es posible. Si el escandaloso allanamiento no deriva en revelaciones del mismo calibre o en un proceso legal que ponga a Trump contra las cuerdas es enteramente posible que toda la maquinaria republicana aproveche el momento para pintar al expresidente como la víctima de un complot político. Como bien sabemos en México, importa poco si dicha narrativa está relacionada con la realidad. Lo que se necesita es alguien que la cuente con suficiente cinismo y eficacia. Y para eso, Trump se pinta solo.
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