Hemos iniciado los trabajos preliminares para la instalación del nuevo Poder Judicial de la Federación, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En tres productivas reuniones, las y los ministros electos hemos ido tomando acuerdos sobre preocupaciones comunes, algunas muy prácticas, otras, para la definición del rumbo a más largo plazo.
A la fecha, como se ha informado en su oportunidad, las y los nuevos ministros hemos ido avanzando en la formulación de acuerdos generales con relación a la tramitación de la carga de trabajo que recibirá la Corte el 1o. de septiembre; la distribución de los asuntos; la integración de los equipos entrantes; el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos por la desaparición de las Salas; las nuevas reglas de debate para sesiones ágiles, eficientes y sustantivas; la atención de los asuntos fiscales y penales en el término que establece la Constitución; la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo; la aprobación de declaratorias generales de inconstitucionalidad; el ejercicio de la facultad de atracción y de reasunción de competencia, y la realización de audiencias públicas.
Además, en lo que parece el acuerdo más sustantivo hasta el momento, hay coincidencia en que nos corresponde iniciar la era de la justicia social en la Suprema Corte.
Algunos la llaman “justicia inclusiva, humana y abierta”, otros la denominan “justicia comprometida con la pluriculturalidad sustentada en los pueblos indígenas, la igualdad sustantiva de las mujeres y la inclusión social”.
Si este objetivo permanece, esta Corte habrá logrado romper el dique más importante que permite que para los órganos jurisdiccionales del Estado los derechos sociales sean letra muerta, lo que impide que sus resoluciones permeen en la vida de las personas tradicionalmente excluidas.
Junto con la construcción de la mayor justicia, la justicia social, la Corte tiene el reto del acceso a la justicia: impulsar que todas, todos, puedan demandar y defenderse en juicio, y el del combate a la corrupción en todas sus formas, tanto aquella que sustrae recursos públicos para enriquecimiento de algunos a través de contratos fraudulentos o remuneraciones por encima del límite constitucional, como la corrupción que vende o intercambia derechos de personas específicas en juicios determinados para favorecer a una de las partes, torciendo la aplicación de la ley.
Estas acciones son fuertemente reclamadas, esperadas, por quienes han confiado en un método democrático de determinación de las personas juzgadoras, y también por quienes han adolecido de justicia desde siempre, las y los excluidos del desarrollo social.
Por eso, estaré sometiendo a la consideración de las y los ministros una iniciativa que se practicó antes en países como Ecuador para acelerar la transformación del sistema de justicia: la formulación y aplicación de una política de justicia en todo nuestro país, para evitar lo que actualmente sucede cuando cada institución tiene prioridades, fines, muy distintos a los de otras instituciones que complementan las funciones en materia de justicia, sobre todo en las que tienen relación con la seguridad pública y la justicia penal, aunque no nada más.
Una política nacional de justicia, que podría formularse a través de un plan nacional de justicia, discutido, adoptado y ejecutado por los poderes judiciales, junto con las fiscalías, las defensorías públicas, las procuradurías, las comisiones de derechos humanos, las secretarías de seguridad ciudadana, entre otras instituciones del Estado, federales, nacionales, estatales e incluso municipales, podría generar que se potenciaran los recursos financieros y humanos que trabajamos por la justicia en México. Podríamos lograr construir la maquinaria estatal coherente y colaborativa que enfrente complejos retos como el de la inseguridad o la injusticia social, para mejorar la vida de las personas en cada rincón de nuestro país.
Independencia, autonomía, no puede seguir siendo nulidad del Estado. Creo que hay condiciones para coordinar nuestros esfuerzos.
Ministra SCJN