La mayor injusticia que se vive en nuestro país es la desigualdad social, la pobreza. Una de sus expresiones es la dificultad que afrontan las personas sin recursos económicos para intentar resolver un problema en juicio, ya sea como acusados o como parte acusadora, como demandado o demandante.
Actualmente, el juicio federal, en cualquier materia, exige la representación de un abogado o abogada. Nadie puede acudir directamente a juicio para resolver problemas civiles, mercantiles, penales, laborales, fiscales, administrativos.
La defensoría pública tiene especial relevancia para garantizar esa representación cuando no se tiene dinero para pagar abogada o abogado que realice esa función.
Sin embargo, funcionan con múltiples deficiencias. Son pocos los abogados y las abogadas que las conforman, a quienes se pagan, además, salarios exiguos. Nadie, al parecer, evalúa su trabajo, por lo que, si se formula deficientemente una demanda o la defensa de ésta, o de plano se abandona un juicio, no sucede nada.
En su informe 2023-2024, el Instituto Federal de Defensoría Pública informó que los 882 defensores públicos, 319 asesores jurídicos y 44 asesores sociales representaron ese año a 32,418 personas imputadas en procesos penales y asesoraron a 38,742 personas en juicios en materia administrativa, agraria, civil, fiscal y laboral. Esas cantidades de un promedio de 1 millón 200 mil juicios que el Poder Judicial de la Federación resuelve al año.
Las demandas presentadas por defensores públicos, de manera constante, no se concentran en el corazón de la litis o impugnan temas obviamente ajenos al problema que se dice querer atacar. En estos casos no se ejecutan sanciones ni internas, a cargo de sus propias instituciones, ni externas, cuando se observan sus deficiencias cuando se presentan ante alguna instancia.
Por ello, he propuesto que se articulen instituciones públicas que llegan a proporcionar abogadas o abogados gratuitos a quien lo requiere, como las procuradurías estatales o federales en distintas materias: agraria, del trabajo, en defensa del contribuyente, social, del ordenamiento territorial, del medio ambiente, del consumidor, para los niños, niñas y adolescentes, etcétera.
También se podrían articular los esfuerzos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las de cada estado, que tienen como propósito investigar violaciones a éstos para emitir, en su caso, recomendaciones que se dirigen a las autoridades correspondientes para que cese o sea reparada la violación correspondiente.
Además, se podría aprovechar infraestructura física existente, como centros de justicia, casas de la cultura jurídica, o espacios disponibles dentro de las sedes del Poder Judicial de la Federación que podrían ser utilizados para proporcionar asesoría jurídica gratuita a la población.
Asimismo, la tecnología podría ser utilizada en proporcionar asesoría en línea o, incluso, para llevar juicios en línea. Instrumentos como formularios guiados podrían ayudar enormemente a las personas a presentar por sí mismas sus demandas en algunas materias o ser validadas por abogadas o abogados del propio Poder Judicial.
Algunos países ya tienen juicios en línea, como Estados Unidos, que practica audiencias virtuales y procedimientos en derecho familiar, civil y penal; el Reino Unido, que ha introducido tribunales virtuales para atender casos civiles y penales; China, que cuenta con tribunales completamente digitales para disputas relacionadas con comercio electrónico; Australia, que lleva procedimientos en línea en casos civiles y de familia; India, cuyos tribunales superiores y distritales han adoptado audiencias virtuales.
En México, la justicia es un lujo. Para funcionar como servicio público es fundamental que todas, todos los mexicanos tengan acceso a la justicia.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación