El nuevo Poder Judicial tendrá el reto de responder a las expectativas ciudadanas.
Una de esas expectativas es inmediata y sencilla: La supresión de privilegios, remuneraciones inconstitucionales y fideicomisos del Poder Judicial.
Al menos 2,377 personas servidoras públicas de la alta burocracia del Poder Judicial tiene sueldos y prestaciones de que superan a los de la persona titular de la Presidencia de la República, por un monto que supera los 2,167 millones de pesos.
De los fideicomisos, aún falta devolver la mitad de su saldo, más de 10,000 millones de pesos, que están secuestrados por suspensiones otorgadas inconstitucionalmente.
Otra expectativa, el acceso a la justicia, requiere mayores esfuerzos institucionales. La tarea más sencilla en ese sentido es el fortalecimiento de las defensorías públicas: Federal, estatales y municipales. Deben responder a los requerimientos sociales de asesoría y defensa jurídica, tanto cuantitativos como cualitativos. De las instituciones semi abandonadas y de deficiente defensa de las personas más pobres de nuestro país, deben pasar a convertirse en poderosas instituciones que proporcionen abogadas y abogados capaces, sometidos a control y evaluación de su trabajo, que puedan ganar los juicios de quienes tienen la ley de su lado pero no pueden pagar su defensa.
Un tema que debe revisarse es la dispersión de instituciones del Estado mexicano destinadas a proteger derechos de las personas, sobre todo las procuradurías federales de defensa de: Trabajadores, consumidores, contribuyentes, usuarios de servicios financieros, además de la ambiental y la agraria, así como de las estatales que varían mucho más, pero van de procuradurías sociales, del ordenamiento territorial, del trabajo, entre otras.
En algunos casos, no sólo proporcionan abogadas o abogados en juicio, también llegan a tener facultades de verificación o sanción administrativa. Tal vez podrían separarse las dos facultades, de naturaleza distinta.
Por otro lado, están las comisiones de derechos humanos, creadas en México para obtener legitimidad institucional, a partir del fraude electoral de 1988. Como se sabe, se trata de una figura creada en Suecia en 1809 para proteger los derechos humanos. El supuesto bajo en el que funcionan es que sus recomendaciones tienen tanta autoridad moral que no queda a la autoridad administrativa más que atenderlas, aún cuando no tengan carácter vinculatorio.
En México, a diferencia de Suecia, ya teníamos un juicio protector de garantías individuales, el amparo, ahora, expresamente protector de los derechos humanos, cuyas resoluciones sí tienen carácter vinculatorio.
Más aún, a partir de la mayor obtención de legitimidad política de las autoridades administrativas, las comisiones de derechos humanos han perdido autoridad y trascendencia. Quizá deberíamos, con la calma y mesura debida, analizar su necesidad. En todo caso, su presupuesto podría fortalecer a las defensorías públicas y servir para la defensa de los derechos de las personas más pobres de manera más eficaz.
Además, el Poder Judicial debe elaborar instrumentos pedagógicos y formularios electrónicos para facilitar la defensa y actuación de la ciudadanía en los juicios a través de internet.
Una tarea más difícil y de más largo plazo, pero que también debe iniciar el 1 de septiembre próximo, es ingresar al Poder Judicial al ámbito de la justicia social. Debe coadyuvar con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales: Educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, medio ambiente sano y disfrute de los beneficios de la ciencia, sin invadir las facultades de los otros poderes, pero de manera fehaciente.
Ministra SCJN
