El 27 de septiembre de 1960, Adolfo López Mateos anunció “el inicio de la nacionalización de la industria eléctrica”, con la compra de acciones de las principales empresas extranjeras que operaban en México.
El 29 de diciembre de ese año concluyó la nacionalización con la publicación del Decreto que Declara Adicionado el Párrafo Sexto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
En aquel momento, 1960, la industria eléctrica se concentraba en los núcleos urbanos y los grandes consumidores, mientras que el 56% de la población no contaba con servicio de electricidad.
Gran parte de la inversión privada provenía o requería de la participación económica del Estado.
La principal compañía eléctrica, la Mexican Light and Power compraba en 3.6 centavos de dólar canadiense cada KW/h, mientras lo vendía en 13.97 centavos de esa misma moneda. La propia empresa funcionaba gracias a créditos otorgados por la banca de desarrollo (estatal) o de otras instituciones financieras con el Estado mexicano como aval o garante.
Las condiciones de la industria reproducían el esquema arrastrado desde el porfiriato. La energía eléctrica era producida como actividad derivada de las principales industrias del país: la extractiva y la textil. La comercialización surgió sin regulación alguna.
El primer intento de regulación de la industria eléctrica se dirigió al aprovechamiento de “aguas federales para la generación de electricidad”, en 1903, con la Ley de Bienes Muebles e Inmuebles de la Federación, pero no incluía criterios para el otorgamiento de concesiones.
Los gobiernos posrevolucionarios no hicieron mucho más. Álvaro Obregón instaló la Comisión Nacional de Fuerza Motriz con la intención de “regular las tarifas y el servicio”.
Plutarco Elías Calles, en 1926, generó la primera normatividad específica: el Código Nacional Eléctrico, que establecía que la electricidad era de “exclusiva competencia del Poder Federal” y señalaba criterios de utilidad pública para la regulación de la industria.
En 1934, con una reforma al artículo 73 constitucional, se otorgó al Congreso de la Unión facultades exclusivas para legislar en materia eléctrica.
En 1937, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se emitió la Ley de creación de la Comisión Federal de Electricidad, que permitió al Estado participar en la generación y distribución de energía eléctrica, y ya no como mero regulador de esa actividad.
En 1939 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica, que articuló las concesiones privadas con las funciones estatales, consolidando un modelo de producción mixto: la CFE ampliaba cobertura rural mientras las concesiones privadas cubrían zonas urbanas y generaban tensiones tarifarias y de inversión.
En 1975 se promulgó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que confirmó a la electricidad como actividad estatal prioritaria para el desarrollo y definió el servicio público como actividad exclusiva de la CFE.
Bajo ese esquema, la CFE alcanzó coberturas cercanas al 85% de la población del país.
En 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para introducir modalidades de cogeneración, autoabastecimiento y producción independiente de energía, lo que redujo la exclusividad estatal a transmisión y distribución.
En 2013, se reforma la Constitución y, bajo esa reforma, se emite la Ley de la Industria Eléctrica, que abre la participación privada a la generación y comercialización, y deja la regulación en manos de un organismo autónomo. Este esquema permite incrementos tarifarios para la población y convenios desventajosos de compra y venta de energía para CFE.
El 19 de marzo de 2025 se publicó la última reforma, al artículo 28 constitucional, en materia de energía eléctrica, con la que ha regresado el control nacional a la industria eléctrica, para convertir a la CFE en “empresa pública del Estado” y fijando su participación mínima en el 54% del mercado. Este modelo mixto hace prevalecer el interés social, para garantizar tarifas accesibles y la soberanía energética.
Ministra SCJN