El 18 de junio de 2008, fue publicada la reforma constitucional que implantó en nuestro país el sistema penal acusatorio. El artículo segundo transitorio del decreto correspondiente y más adelante el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de la reforma, señalaron al año 2016 para la entrada en vigor del sistema.
El 13 de octubre de 2008, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, encabezado por una Secretaría Técnica (Setec), dependiente de la Secretaría de Gobernación, como encargada de apoyar a autoridades locales y federales para ese objetivo.
Entre 2008 a 2016, la Setec ejerció 4,881 millones de pesos para el diseño organizacional y la construcción y operación de infraestructura y capacitación para quienes operarían el sistema, además de la formulación de las reformas legislativas necesarias. Se calcula que alrededor del 80% de esos recursos se entregó a entidades federativas y municipios, para subsidiar: capacitación, 41%; difusión y transparencia, 17%; gestión y organización institucional, 15%; desarrollo de tecnologías de la información, 11%, e infraestructura, planeación, normatividad y seguimiento y evaluación, 16%.
Además, con una aportación inicial de 5,000 millones de pesos, se creó el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, cuyo objetivo era cofinanciar con las entidades federativas, en partes iguales, proyectos determinados.
De 2010 a 2016, las dos fuentes de financiamiento erogaron 14,759 millones de pesos para echar a andar el sistema de justicia penal acusatorio, además de 11,200 millones de pesos que las entidades federativas erogar on en 742 proyectos de infraestructura y equipamiento.
El Gobierno de Estados Unidos participó en la implementación de la reforma a través del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), que capacitó a peritos forenses.
Además, en el marco de la Iniciativa Mérida, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), después de 2016, coadyuvó con el gobierno mexicano en la consolidación de la reforma a nivel estatal.
En 2018, el proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), realizó un balance de la implantación del sistema penal acusatorio, en el que destacaba que la policía y las fiscalías constituían una “tarea pendiente”. Señalaba como “necesario que la policía y el Ministerio Público presenten pruebas sólidas y que las detenciones se apeguen a la ley. Esto exige mayores capacidades de investigación y actuación por parte de ambos actores clave. Nuestro análisis muestra mejoras muy marginales asociadas al desempeño de estas instituciones. Reformar ambos eslabones es una tarea inaplazable para mejorar la calidad de la justicia y la capacidad del sistema para reducir la impunidad.
Hoy, a 16 años y más de 25,000 millones de pesos después de la aprobación de la reforma, la gente pregunta en la calle, en los foros, ¿cuándo van a reformar al Ministerio Público para que investigue bien, para que no haya tanta impunidad?
Tal vez, si se hubiera consultado a la gente antes de aprobar la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, habríamos empezado por el principio: la investigación penal.
Es importante que el Congreso de la Unión lo haya incluido en los temas a discusión en los Diálogos de la Reforma. Y mejor aún, será garantizar que ése y otros temas sean parte de una segunda etapa obligada de la reforma judicial.
Ministra SCJN