Un motociclista irrumpió en la privada de José. Ante la alerta del guardia en la caseta, José y sus vecinos salieron a combatir al invasor. Fue una sorpresa descubrir que, a pesar de llevar ropa de civil y vehículo sin emblemas, se trataba de un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR); venía a entregarle un documento. El asunto tenía que ver con el robo de su pasaporte en un viaje que hiciera a Perú a finales del 2012. El pequeño incidente lo había puesto en la categoría de probable responsable de una red de trata en España, y todo esto, por culpa de la incompetencia de las autoridades mexicanas.
José leyó el documento escrito en el estilo clásico ministerial: plagado de lenguaje obtuso, con repeticiones de párrafos enteros hasta el cansancio y líneas argumentativas que desafían los fundamentos de la lógica. La notificación revelaba el esfuerzo incalculable de hacer pasar por actos de investigación, a lo largo de más de siete largos años, la total ausencia de los mismos. Todo ello, ejerciendo con talento, el oficio de girar oficios. Las 30 páginas apuntan a dos instituciones responsables: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR.
Todo comenzó cuando las autoridades españolas dieron aviso a las nuestras sobre una red de tráfico de personas encabezada por alguien que se identificaba con pasaporte mexicano; pedían más información. La SRE confirmó la emisión de un pasaporte cuyos datos originales coincidían con los de aquél usado en España, salvo por un dato: el del nombre. La discrepancia era la siguiente: José Ramón Ulloa Manjarrez vs. Ramón José Manjarrez Solís.
Lamentablemente, la SRE olvidó mencionar el pasaporte de emergencia tramitado por José en Lima. Este dato y el acta policial peruana denunciando su robo, también en poder de la SRE, habrían bastado para dar por cerrado el caso contra José. Fue el propio José, tres años después, quien entregó a la PGR los documentos que debió haber presentado la Secretaría.
Por años, la autoridad ministerial mantuvo abierta la investigación en contra de las dos personas, sabiendo que una no existía. Incluso solicitó a la Interpol la localización de ambas. Para rematar, en un acto que desafía el miedo al ridículo, la PGR solicitó a España que le informaran del paradero del hombre desconocido y pidió fotografías y huellas dactilares de aquel hombre invisible. Las autoridades españolas declinaron elegantemente ejecutar dicha misión imposible.
En octubre de 2020 la FGR, heredera de esta simulación investigativa, optó por terminar el caso usando un argumento irracional: decretando que no existía falsificación de documento, justamente lo único evidente en toda la pesquisa.
El no ejercicio de la acción penal, parecería favorecer a José, pero esto no es así. El pasaporte falso, con fecha de vencimiento en 2022, puede usarse dos años más para cometer otros crímenes. Así, cada vez que se haga mal uso de la identificación alterada, José estará en riesgo de ser considerado probable responsable de esos hechos. Tampoco debe hacerse de lado que, al no declarar como falso el documento, se permite que redes de tráfico de personas continúen operando impunemente al abrigo de pasaportes mexicanos. No cabe duda que hay autoridades que desprotegen a propios y a extraños cuando no hacen bien su trabajo.
Los datos han sido alterados para proteger la privacidad de la víctima y la exposición al ridículo de los funcionarios involucrados.
