Estamos por vivir lo peor de la primera ola de infección derivada del nuevo coronavirus. Nuestras autoridades tienen que ponerse las pilas en la hechura de las normas que deben regular la pandemia, en cómo publicarlas, cómo comunicarlas y sobre todo, cómo hacerlas valer.
“Quédate en casa” ha sido un llamado a misa; ha funcionado, a medias. Depende de la voluntad y conciencia de los ciudadanos. No solo ha habido desobediencia, existe también una aplicación profundamente desigual de la convocatoria.
Hasta ahora, las autoridades federales han eludido discutir la posibilidad de un decreto de suspensión de garantías, una figura prevista en el artículo 29 de la Constitución Federal. En tiempos de emergencia, esta figura es la que urge poner sobre la mesa de debate porque, si bien estamos afectando derechos básicos como el libre tránsito, el derecho de asociación, la libertad de profesión, entre otros Derechos Humanos, al mismo tiempo, la falta de una regla estricta eleva la probabilidad de acelerar el contagio hasta que la capacidad hospitalaria reviente.
Cada gobierno local ha ido aplicando medidas, a su manera, lo que ha generado incertidumbre, desigualdad e inconstitucionalidad. Unos llevan las reglas con enorme laxitud mientras otros se avientan trompos al dedo tan aventurados como toques de queda. Hay dobles raseros. Mientras una compañía de presencia nacional que realiza actividades no esenciales sigue operando, en algunas entidades somos testigos del cierre forzoso de las fondas de la colonia y los pequeños salones de belleza que en treinta días se han ido a la quiebra. Los estadios están cerrados, pero los “ligueros” locales que rentan canchas en parques públicos se las ingenian para seguir llevando acabo concurridos partidos. Se prohíben velorios pero se toleran fiestas.
En la pandemia, existen actores de la tragedia que no jalan parejo. Uno puede cuestionar la calidad ética de los infractores, pero también podemos reprochar los gestos de autoridad que permiten que unos paguen por otros. Esto tiene que ver con carecer de un marco regulatorio general.
El mecanismo del artículo 29 constitucional sería el fundamento de base para medidas de aplicación nacional que además estarían circunscritas a una temporalidad. Posiblemente, existan muchas resistencias a hacer uso de estas facultades extraordinarias. Flota el miedo de dotar de más poder al Ejecutivo Federal. Por otro lado, el contagio del virus avanza.
Existen un par de principios, muy atesorados por los abogados, que postulan que los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido. Para las autoridades, en cambio, la regla es inversa: solo pueden hacer aquello que les está permitido. En esta pandemia, está todo al revés. Se nos impide hacer lo que no está prohibido y las autoridades están haciendo cosas que no les están permitidas.
Los minutos en tiempos de pandemia corren más rápido y en unos cuantos días será urgente tener herramientas de emergencia para enfrentarnos al virus en su ataque más letal. Debemos discutir los mecanismos jurídicos ahora. Además, necesitamos generar certidumbre hacia el futuro porque, pese a los sacrificios que muchos han hecho, estos escenarios se repetirán. Mientras no haya una vacuna o una cura probada y efectiva para todos los casos, está tan solo será la primera de muchas presentaciones que tendrá el Covid-19 en México. Esto es solo el primer acto.
Investigadora en justicia penal
