A tres años de la elección presidencial, se alimenta rápidamente una obsesión en la definición de aspirantes al puesto de Jefe de Estado. Se cree que esta información es determinante para saber quién se convertirá en la cabeza del Ejecutivo. Sin embargo, en el contexto actual, las nuevas formas de competencia sucia serán factores decisivos en los resultados electorales. Entre estos mecanismos de ilegalidad, la compra de votos tendrá un peso sobresaliente.
La memoria es corta y el olvido obra en nuestra contra. Hace apenas unos días, atestiguamos la compra de votos como una forma establecida de fraude. Me refiero a la transferencia directa de dinero a cambio del sufragio por un candidato o partido. En una primera aproximación, uno creería que este fenómeno es una conducta más que se suma a muchas que existen en el mercado de votos, como la distribución de despensas, de materiales de construcción o el obsequio de electrodomésticos. Sin embargo, el mecanismo de la compra directa del voto promete mayor alcance y efecto corruptor que otros medios porque, entre otras cosas, la prevención, fiscalización y sanción es mucho más difícil.
El panorama no es alentador. En la pasada elección se publicaron noticias del arresto a personas que compraban votos en diferentes entidades. Sin embargo, la constante es que se tratan como casos únicos. Esta forma de proceder casuísticamente es un callejón sin salida. Enfocarse en estos compradores de votos es como tratar de desarticular al narcotráfico atrapando a los traficantes minoristas en los puntos de venta.
Los puntos de compra de votos pueden parecer locales, sí, pero la operación es una estructura articulada que atraviesa entidades federativas. El dinero que se usó para la compra de votos en una elección puede venir de cientos o miles de fuentes y atomizarse en pequeñas operaciones de destino. Hay que seguir el dinero con una visión y una investigación nacional para encontrar realmente quiénes mueven los hilos en este mercado.
En las subastas de votos cualquiera puede participar. En la rebatinga electoral entran gobiernos y empresarios. Sin embargo, quienes llevan ventaja son las organizaciones criminales, principalmente porque su flujo de efectivo es mucho más copioso y menos trazable, pueden ahorrarse incluso los procesos de simulación, como la contratación de factureras a la que están obligados a recurrir sus competidores.
En este medio, Héctor De Mauleón, ha documentado las formas en las que las organizaciones criminales eligieron candidatos en las pasadas elecciones. Intimidación y eliminación, fueron parte de sus estrategias de selección de cuadros. De forma similar, el crimen organizado fue capaz de obligar a pueblos enteros a votar por quienes ellos designaban. Como parte de la trama de consolidación del poder, es lógico que el crimen organizado participe también de la compra de votos.
Los fiscales especializados en materia electoral desestiman el comportamiento de las poderosas redes de criminalidad. Tampoco usan los mecanismos de investigación idóneos para seguirle la pista a complejos flujos de efectivo. Estos fiscales son reactivos en sus investigaciones, esperan las denuncias en vez de anticiparse a los fenómenos criminales. Si estos funcionarios no cambian desde ahora, vamos a pasar un trago amargo en la siguiente contienda. Hoy, la presidencia está a la venta. Está lista para quien la quiera comprar.
Investigadora en justicia penal.
@laydanegrete
