En la noche del miércoles 27 de mayo, imágenes de un hombre desplegando violencia física y verbal en contra de su pareja se hicieron virales en redes sociales. El mensaje que acompañaba el video afirmaba que el agresor era notario del Estado de México. En línea, una mujer aparecía hincada en una banqueta al tiempo que el hombre, de pie, la agredía. Ella pedía ayuda para llamar a la policía, pero lo previsible y reprobable se impuso: los testigos del incidente se volvieron de piedra al ser informados de que se trataba de un matrimonio. Entre forcejeos y amenazas de represalias patrimoniales, la escena concluyó con la pareja entrando a su casa.
Lo que pasó en esa calle y aquello que sucedería al cerrarse la puerta, no es un asunto privado.
¿Procede la pesquisa penal en este caso? Sí. ¿Se requiere la denuncia de la víctima? No. No es potestad de una sola víctima exonerar a quien es un riesgo de violencia para muchas. Depender de la denuncia de una víctima para iniciar una intervención destinada a sancionar la violencia perpetrada por su pareja, es la ruta que ha llevado al fracaso a las estrategias tradicionales de reducción de la violencia contra las mujeres.
Varios aspectos del ataque por el notario abonan a un llamado por una investigación criminal. Por un lado, está el atesorado documento visual. El video es contundente porque muestra hechos con “apariencia de delito”, es decir, una conducta que es susceptible de ser sancionada penalmente. Además, las imágenes sugieren que las agresiones no cesan cuando deja de correr la cámara. En otras palabras, es evidente que puede existir un mayor riesgo para la víctima de aquél que se percibe en escena.
Algo tan valioso como la existencia del video mismo, es la admisión sobre su autenticidad por parte del agresor. En una carta dirigida “a la opinión pública“, el notario reconoce la veracidad de los hechos difundidos en redes sociales y, de paso, pide una sentida disculpa a los principales agraviados, en donde figuran el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y sus colegas notarios, éstos, antes que la propia víctima.
Contando hasta 10… o más.
Quien abusa del poder una vez, lo hará de nuevo. En un “tendedero” en la Escuela Libre de Derecho, como muchos que aparecieron hace unos meses en diferentes universidades, alguien escribió: “Notario y Maestro de 1D por muchos años, abusó sexualmente y acosó a más de diez alumnas, LA LIBRE ES CÓMPLICE POR ENCUBRIMIENTO!!!” Esta declaración anónima se complementa con lo que la semana pasada publicó Diana Nava Muciño en @DianaNavaM. Ella narra cómo, en el pasado, el notario la cesó de sus funciones como su profesora adjunta de Teoría del Derecho cuando ella se solidarizó con una de sus alumnas, víctima de acoso. Mientras esto sucedía, sigue, las autoridades de la Libre guardaron silencio.
La fortaleza de un sistema de justicia penal se pone a prueba cuando tiene que dirigirse en contra de las personas más poderosas en una sociedad. Los notarios se ubican ahí; son abogados que ejercen la profesión desde la cúspide de la pirámide del privilegio en México. Se les colma de atributos de conocimiento y se les asume intachables por ejercer la función de calificar la veracidad de hechos delicados. En realidad, deberían de ser juzgados como todos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México podría proceder contra el notario si opta por un camino de justicia. Está bajo examen esta institución. No queremos un ejemplo más de impunidad sobre la violencia que vivimos las mujeres.
Investigadora en justicia penal
