Después del veredicto en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, muchos se preguntan hasta dónde llegará nuestro vecino del norte en sus tareas de persecución de organizaciones criminales mexicanas. Especulan quién podría ser el mexicano de alto perfil a ser sentado en el banquillo neoyorquino. Otra serie de reflexiones muy distintas se cuestionan sobre cuál debe ser el alcance y límites de las instituciones de justicia norteamericanas en la investigación de ciudadanos en nuestro territorio. En los últimos días, se le ha dado vuelo a una discusión sobre una posible intervención militar estadounidense en México; una incursión cuyo objetivo sería combatir a las organizaciones criminales que trafican fentanilo.
A pesar de la relevancia que pueden tener las preocupaciones sobre la política externa, hay una sola pregunta a la que deberíamos de estar destinando todo nuestro tiempo:
¿Cómo podemos reducir la violencia en el país?
Esto es esencial para la orientación de la política antinarcóticos. La historia mexicana reciente nos ha demostrado que el encarcelamiento o muerte de líderes de cárteles es ineficaz para reducir la violencia. Parece ser imposible combatir el aumento en las tasas de homicidios y de desapariciones con cada líder criminal tras las rejas. De hecho, hay analistas que estudian el fenómeno del incremento de violencia derivado de cada organización decapitada, esto a partir de la teoría de que los miembros de la organización bajo ataque se reorganizan rápidamente en entidades pequeñas, menos disciplinadas y más crueles.
Otra política que debemos de analizar es la militarización de la seguridad pública. No tenemos que esperar a una intervención militar extranjera para valorar el efecto de la intervención militar nacional sobre los índices de violencia. ¿Qué ha logrado la participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad? ¿Ha logrado reducir homicidios?, ¿feminicidios?, ¿desapariciones? ¿Son las Fuerzas Armadas una fuente de violencia en sí mismas? ¿Los eventos ocurridos en Nuevo Laredo hace unos días que apuntan a la ejecución de personas inocentes en manos de soldados es un caso único? ¿Puede el Estado mexicano corregir los errores de sus agentes cuando cometen delitos? ¿Son los soldados, por el hecho de serlo, inmunes a la corrupción a la que están sujetos sus pares en los cuerpos policiales?
En algún momento de nuestra historia reciente, Ciudad Juárez, Chihuahua, llegó a tener la tasa de homicidios más alta del país y una de las tasas de homicidio más altas en el mundo. Ciudad Juárez padecía de, al menos, tres homicidios al día. En contraste, en la ciudad vecina del norte, en El Paso, Texas, los homicidios se contabilizaban como uno al año. Tres homicidios al día contra uno al año. Si ahí también transita y se vende droga ¿qué explica los diferenciales en violencia de uno y otro lado de la frontera? ¿Pueden los miembros de organizaciones criminales cambiar su conducta de forma automática con sólo atravesar una línea imaginaria? ¿Qué impacto tiene la forma en que intervienen autoridades de seguridad y justicia en cada país?
Debemos valorar si nuestra política exterior e interior nos va a proveer más paz. El ejemplo de Ciudad Juárez muestra que lo que hagan las autoridades puede modificar los niveles de violencia. Seguir combatiendo el narcotráfico sin un criterio de consecución de paz sería una aproximación equivocada.
Investigadora en justicia penal.
@LaydaNegrete
