Más de cien fuegos arden en el país. Más de cien fueros los mantendrán encendidos.
Un obstáculo para pacificar el país es la ausencia de controles civiles sobre las conductas de los miembros del Ejército. La detención y eminente proceso en contra del general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, nos alerta sobre ello.
Hoy, en 2020, a las Fuerzas Armadas con diferentes uniformes les hemos dado atribuciones generales en seguridad, les hemos dado también la administración de los puertos del país, les encomendamos emblemáticos proyectos de infraestructura, sin ponerles ningún mecanismo de rendición de cuentas. Existe una ausencia de mecanismos imparciales y eficaces de supervisión y sanción de autoridades civiles sobre nuestros uniformados. Les hemos dado un cheque en blanco.
La respuesta de nuestro presidente ante la notoria detención de Cienfuegos es el mejor signo de ello: “no debemos descalificar a la institución”, nos dice.
Es cierto, no debemos descalificar a la institución del Ejército. A quienes debemos evaluar severamente es a nuestros tres últimos presidentes, incluyendo a él. Los titulares del Ejecutivo son quienes han creado fueros más allá del fuero militar. Bajo la creencia fantasiosa que presume que si está de verde, no muerde, se han procurado privilegios y prerrogativas al Ejército, exentándoles de toda responsabilidad ante sus faltas.
El problema es evidente. Cualquier persona autorizada en labores de seguridad, que actúa sin control alguno, enfrentará la tentación de irse al bando contrario. Nuestros soldados rasos, así como nuestros generales, son seres humanos que cometen errores. Con armas, poder y sin supervisión, serán más propensos a cometer más y más graves errores. La preocupación debe ser sistémica, enfocarnos sobre proteger el bosque y dejar de salir huyendo al ver el árbol en llamas. El problema no es el general de ayer sino el ejército de hoy.
En todos estos años podemos decir que no estamos mejor habiendo propiciado a un Ejército más presente e intocable. Ni hay más seguridad, ni hay menos violaciones a los derechos humanos, como tampoco hay menos corrupción. La falta de rendición de cuentas es lo que propicia colusiones con los cárteles, tortura, ejecuciones extrajudiciales masivas y gastos excesivos en la obra pública.
Las conclusiones de un detallado reporte de Human Rights Watch de 2009, Impunidad Uniformada, subsisten dolorosamente. El día de ayer, el Centro Prodh nos recordó cómo el propio general Cienfuegos, junto con otros altos mandos del Ejército, obstaculizaron las investigaciones sobre la cadena de mando en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, ambos considerados plagados de violaciones graves a los derechos humanos. Del lado puramente monetario, México Evalúa documentó el escandaloso gasto de la barda perimetral en la cancelada obra del aeropuerto de Texcoco. Ineficacia que, sin vigilancia, está destinada a repetirse en la obra del aeropuerto de Santa Lucía.
Con Cienfuegos se expone la vulnerabilidad de un sistema, no de una sola persona. Andrés Manuel López Obrador no debe esperar a los resultados de pesquisas extranjeras contra nuestros connacionales para actuar. No puede ser opcional la persecución de delitos graves como tampoco puede ser opcional la atención de estructuras disfuncionales. Nuestro presidente no necesita del apoyo de gobiernos extranjeros para actuar. Tampoco necesita de la anuencia del pueblo; necesita de su propia decisión para extinguir el fuego en casa.
