Si Genaro García Luna fuese liberado en Estados Unidos, este exfuncionario público podría ser sujeto a procesos en México con base en una variedad de hechos.
La primera fuente de responsabilidad se relaciona con el origen y el tamaño del patrimonio de García Luna. Los temas de enriquecimiento ilícito, que quedaron fuera del proceso penal en Estados Unidos por un tecnicismo debatible, pueden ser documentados en México con exhaustividad. El gobierno federal mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene las herramientas institucionales para seguir la ruta de dinero que se originó y multiplicó en México. Al respecto, la periodista Peniley Ramírez ofrece un punto de partida invaluable; en su libro Los millonarios de la Guerra: el expediente inédito de García Luna y sus socios (Grijalbo 2020), Ramírez muestra cómo el exsecretario usó su investidura pública para avanzar económicamente y favorecer a un grupo identificable de socios. El trabajo de Peniley se basa en fuentes testimoniales y documentales que pueden ser corroboradas por las autoridades mexicanas para iniciar procesos legales sin titubeos.
Un segundo grupo de hechos sobre los cuales García Luna debe ser cuestionado, tiene que ver con el ejercicio del presupuesto federal mientras fungía como secretario de Seguridad Pública. Particularmente, debe investigarse la legalidad en la erogación de los fondos destinados a fideicomisos sobre los cuáles tenía decisión directa y cuya operación se mantenía en secreto. Para la investigación de estas conductas es crucial la Secretaría de la Función Pública.
Finalmente, es indispensable judicializar los hechos que se relacionan con la detención y los procesos penales en contra de Florence Cassez e Israel Vallarta en 2005. El montaje que García Luna ofreció a los medios para hacer creer al público que estaban observando un rescate de víctimas de secuestro conlleva responsabilidades administrativas y penales.
A lo largo de casi dos décadas, el montaje ha sido confirmado por decenas de personas. Entre los testigos hay periodistas, víctimas de secuestro, funcionarios públicos y los propios acusados. Esta diversidad de puntos de vista y motivaciones generan un tejido testimonial difícil de derribar. Por si fuera poco, el informante estrella es el propio García Luna quien admitió públicamente la existencia de la puesta en escena ante cámaras de televisión cuando fue cuestionado por la periodista Denise Maerker.
Además de los testigos, las actuaciones ministeriales y policiales documentan la detención ilegal y otros delitos derivados de ésta. Oficios de rutina y reportes médicos, entre muchos otros documentos, sirven para sustentar hechos que un juez podría calificar como privación ilegal de la libertad, así como tortura, un delito que no prescribe. En resumen, la evidencia testimonial y material en contra de García Luna en el caso Cassez-Vallarta es copiosa, es confiable y persiste con el paso del tiempo.
La fiscalía de Estados Unidos se planteó probar algo sobre lo que nadie en México tiene duda: la colaboración entre capos y altos funcionarios de Estado. Hemos visto lo difícil que es documentar esta obviedad, especialmente cuando debe satisfacerse un estándar probatorio. Sin embargo, los cuestionamientos acerca de la legalidad de las conductas de García Luna mientras fue funcionario federal van más allá de lo que se habló en Brooklyn. De este lado de la frontera hay pruebas suficientes para que dé la cara sobre las cuentas que aquí tiene pendientes.
Investigadora en justicia penal.
@LaydaNegrete
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